Víctimas del Yak-42:13 años de incógnitas a la espera de que se haga justicia

Familiares de los 62 fallecidos en el accidente del Yakolev-42 se han vuelto a reunir hoy en Zaragoza para honrar a sus muertos por décimo tercer año consecutivo, mientras siguen pidiendo que se haga justicia, les pidan perdón y se resuelvan las incógnitas que todavía rodean al caso.

Y es precisamente “el deseo de que se haga justicia” y de que no muera el recuerdo de estas personas, “las más importantes del mundo: padre, esposo, hijo, hermano o amigo”, que murieron hoy hace 13 años en Trevisonsa (Turquía) cuando regresaban de una misión en Afganistán y Kirguistán, por lo que las familias se reúnen como cada año junto al monumento que la capital aragonesa levantó en su honor.

Así lo ha destacado el presidente de la Asociación de Víctimas del Yak-42, Miguel Ángel Sencianes, durante el acto de homenaje al que también ha asistido el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve.

Durante su intervención, Sencianes ha vuelto a relatar los pormenores de la tragedia que acabó con la vida de los 62 militares y la tripulación de la aeronave, de fabricación rusa, así como de los fallos en la identificación de los cuerpos, que llevaron a algunas familias, ha recordado a los medios, a “perseguir durante dos años el cadáver de sus hijos”.

Ha incidido en el “pésimo tratamiento” que recibieron las familias tras el accidente del Yak-42, una aeronave que “a pesar de que Federico Trillo (el entonces ministro de Defensa) dijo que era buen avión, fue declarado ilegal por deficiencias del aparato y de la tripulación”.

“Hemos visto militares mintiendo y ocultando contratos, a Rajoy indultando generales que nunca pidieron perdón”, y recibiendo “distinciones y medallas”, ha lamentado Sencianes, quien ha apelado a la ayuda del Consejo de Estado para que reclame los contratos de los vuelos y del seguro y haga un informe “justo” que permita poder abrir la causa contra la Administración.

La responsabilidad patrimonial contra Defensa se inició por las familias antes del primer aniversario cuando prescribía el hecho y ese mismo verano de 2004 quedó en suspenso hasta que concluyeran los procesos abiertos por responsabilidad penal y civil.

Una vez agostada la vía penal, este procedimiento podría servir para dirimir responsabilidades sobre la tragedia y ampliar las compensaciones que recibieron las familias de las víctimas.

A la sociedad le ha pedido que “no permita el indulto como la puerta a la impunidad”, a las asociaciones de víctimas que “no desfallezcan y luchen por la verdad y un informe independiente”, al estado de Derecho “que no se proteja a delincuentes” y a los militares que “alguna vez tengan valentía suficiente y digan qué ha sucedido con los contratos”.

Por su parte, Francisco Cardona, padre de otra de las víctimas, mantiene que los familiares recibieron un trato “injusto, indigno y denigrante” por el que deberían pedir perdón.

“No se puede consentir que entreguen un cuerpo que no es”, ha sentenciado Cardona, quien ha recordado que en algún ataúd se llegaron a encontrar “tres piernas” y que se llevaron cadenas y joyas de los fallecidos para evitar que fueran reconocidos.