El aborto abre una brecha en el Gobierno de Macri a días de dejar el poder

Un protocolo que facilitaba en Argentina el acceso al aborto legal a niñas entre 13 y 16 años, que el Gobierno aprobó el miércoles y que poco después derogó, ha generado fuertes diferencias en el seno de la coalición que encabeza el aún presidente Mauricio Macri, cuando quedan menos de 20 días para que deje el poder.

Referentes de Cambiemos, integrado por la Unión Cívica Radical (UCR), Propuesta Republicana (PRO) y la Coalición Cívica y que engloba posiciones que van desde el conservadurismo al centro izquierda, se han sumergido en la polémica en medio de la transición política que arrancó el 27 de octubre con el triunfo electoral del opositor peronista Alberto Fernández y que culminará el 10 de diciembre con su asunción presidencial.

IDAS Y VUELTAS DE UN POLÉMICO PROTOCOLO

Este miércoles, firmada por el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein (de la UCR), apareció en el Boletín Oficial una resolución que, entre otros aspectos, actualizaba la normativa ya vigente y garantizaba que entre los 13 y 16 años las adolescentes pueden decidir abortar en los causales que hoy se consideran legales, sin estar supeditadas a la decisión de sus padres o de los médicos y siempre que no implique un riesgo grave para su salud.

Además, establecía que la objeción de conciencia es “siempre individual y no puede ser institucional”, por lo que el sistema de salud debe garantizar la interrupción legal del embarazo.

Pero pocas horas después, la sorpresa llegó cuando el Ministerio de Desarrollo Social confirmaba que la resolución quedaba anulada por orden de Macri, quien en varias ocasiones se ha mostrado contrario a la interrupción voluntaria del embarazo pero que en 2018 impulsó que se debatiera en el Congreso.

Esta decisión llegó después de que el senador del PRO Federico Pinedo calificara de “lamentable y claramente inconstitucional” ese protocolo, mientras la diputada de la UCR Brenda Austin lo definió como un “enorme avance” y “un paso más para garantizar el cumplimiento de las leyes vigentes”.

“Se trató de una decisión (la resolución de Rubinstein) sobre un tema sensible que no fue consultada”, dijo esta mañana el titular de Educación, Alejandro Finocchiaro, portavoz ante la prensa tras la habitual reunión del Gabinete de Ministros encabezada por Macri en la Casa Rosada de Buenos Aires, a pesar de que los medios esperaban a Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, de la que depende Salud.

LOS PROBLEMAS DEL MARCO LEGAL

El código penal argentino, que se remonta a 1921, solo permite interrumpir el embarazo si es por una violación o por peligro de salud de la madre, aunque varios son los casos conocidos de niñas -mayores y menores de 13 años- que quisieron abortar y, por conflictos con las autoridades de su provincia, su propia familia o con los médicos a cargo, por la objeción de conciencia, no pudieron hacerlo.

“Como saben, nuestro Gobierno es muy plural y este es un tema de los que llamamos 'tema de conciencia', con lo cual hay personas dentro de nuestro Gobierno que piensan de una manera y personas que piensan de otra”, agregó Finocchiaro, convencido además de que “a dos semanas de entregar el mandato”, el Ejecutivo saliente debe administrar, pero no tomar ninguna decisión que comprometa a la futura Administración.

La decisión de Macri, que hasta esta mañana se especuló podría finalmente no concretarse, no hizo sino avivar las críticas a favor y en contra de la resolución de Rubinstein -quien hasta ahora no se refirió a la polémica- dentro de Cambiemos y le valió también reproches de la oposición y de organizaciones que claman por la necesidad de legislar el aborto.

El diputado del PRO (partido fundado por Macri) Daniel Lipovetzky transmitió su “total solidaridad” con el secretario de Salud y subrayó que no había razón para derogarlo, por lo que vio un “despropósito” que aún se permita que mujeres violadas vuelvan a ser “abusadas por el Estado” al no garantizar un aborto legal.

“Cuestionamos la anulación de la actualización del #ProtocoloILE y reafirmamos nuestro compromiso con la ley de IVE por aborto seguro, legal y gratuito como política de salud pública, y con la lucha del colectivo de mujeres y jóvenes”, afirmó por su parte Martín Lousteau, diputado de la UCR, partido que en su Twitter oficial había defendido la polémica resolución y valorado el “compromiso por la salud pública” de Rubinstein.

LOS VERDES Y LOS CELESTES

En mayo pasado, por octava vez en poco más de una década, diversas organizaciones volvieron a presentar en el Congreso un proyecto de ley para lograr el aborto legal, seguro y gratuito, después de que en 2018 fuera aprobado por los diputados pero quedase truncado en el Senado, la cámara más conservadora.

El proyecto genera voces por el sí y por el no en el seno de las más importantes coaliciones y ha generado una fuerte presión social de la marea verde, a favor, y celeste, en contra.

Una de las principales razones esgrimidas por quienes defienden el aborto legal es que el fallecimiento de mujeres por aborto clandestino está entre las primeras causas de muerte materna en Argentina, mientras que los detractores apelan a la necesidad de cuidar las “dos vidas” y potenciar las políticas de salud sexual.

En los últimos días, el anuncio del presidente electo argentino, Alberto Fernández, de que impulsará un proyecto de ley para legalizar el aborto cuando acceda al Gobierno, ya había levantado nuevas polvaredas en la controversia.

“Si yo pudiera hablar con Alberto, le preguntaría si vale la pena comenzar su mandato con un tema que tanto divide a los argentinos y que tanta tensión ha provocado”, dijo el arzobispo de La Plata, Victor Manuel Fernández, en un mensaje en Facebook.

Rodrigo García