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Los vecinos de Alcázar piden amparo a la justicia para hacer su consulta popular

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha decidirá en las próximas horas si se puede celebrar tras declarar la Subdelegación de Gobierno de Ciudad Real como "improcedente" la comunicación

La Plataforma contra la Privatización de Aguas de Alcázar asegura que la consulta ciudadana seguirá adelante como sea

La adjudicación del servicio empresas privadas también levanta a El Puerto de Santa María (Cádiz), donde unos 20 vecinos encaran su sexto día de encierro

Miles de vecinos se concentraron el domingo en contra de la privatización del agua / Raúl Zarco

Miles de vecinos se concentraron el domingo en contra de la privatización del agua / Raúl Zarco

"La consulta se va a hacer sí o sí, a pesar de todas las trabas que nos quieran poner". Tajantes y rotundas son las palabras de Juan Garrido, portavoz de la Plataforma contra la Privatización de Aguas de Alcázar de San Juan. La consulta ciudadana que han programado del jueves al domingo sigue en pie a pesar de que la Subdelegación de Gobierno de Ciudad Real ha declarado "improcedente" la comunicación que los vecinos han hecho de su realización.

"Les hemos enviado un escrito para que se pronuncien" y digan si les conceden o no el derecho a reunión, apunta Garrido, ya que la Subdelegación no tiene potestad para prohibir un acto de esta naturaleza, explica. El trámite normal pasa por comunicar la celebración de una concentración o una manifestación sin recibir respuesta (el silencio administrativo se entiende como una respuesta positiva).

Por eso han presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (ayer se celebró la vista) cuyo fallo debe conocerse en las próximas horas. "Desde la plataforma hemos pedido que la resolución del subdelegado no sea tenida en cuenta y que nos permitan ejercer nuestro derecho a opinar. El fiscal se ha puesto de nuestra parte y el abogado del Estado ha dicho que no se podía celebrar la consulta porque era un referéndum encubierto", cuenta Juan Barrilero, de la plataforma.

Así las cosas, y a la espera de la resolución, la consulta parece que se celebrará de viernes a domingo finalmente, el jueves de momento está en el aire, aunque esta tarde la plataforma decidirá los pasos a seguir siempre pendientes de la resolución judicial.

"Queremos hacer una consulta ciudadana pidiendo la opinión de nuestros vecinos. El modelo es calcado al que se hizo en Madrid contra la privatización del Canal de Isabel II o la Sanidad, pero a nosotros nos dicen que no la tramitan. Ya no es una cuestión de agua, es un tema que tiene que ver directamente con las libertades", agrega Garrido. Si finalmente les deniengan la autorización, matiza Isidoro Salcedo, también de la plataforma, la consulta se celebrará "aunque sea en cocheras, aparcamientos o yendo casa por casa". 

La batalla contra la privatización

Lo que sí deja claro la plataforma contra la privatización del agua de este localidad ciudadrealeña es que, tras multitudinarias manifestaciones y el encierro de una veintena de vecinos en la sede del Ayuntamiento, van a seguir dando batalla contra la adjudicación del 52% de la empresa municipal de gestión del agua a la privada Aqualia, del grupo FCC, que se ejecutó el pasado miércoles. Ellos solicitaron una consulta popular, con el aval de 11.000 firmas, que fue denegada en un pleno extraordinario con el voto de calidad del alcalde, Diego Ortega (PP). Ante este rechazo, decidieron realizar esta consulta ciudadana por su cuenta para que, aunque sin validez legal, los vecinos hicieran oír su opinión a los responsables políticos. 

"No pretendemos independizarnos de nadie, ni revolucionar el Estado, ni su forma, ni cambiar la Constitución y ni las leyes, sólo pretendemos poder ejercitar el único y último derecho que nos queda como ciudadanos, que no es otro poder expresar libremente nuestra oposición a que otros se hagan ricos a costa de nuestro esfuerzo y de nuestras facturas del agua. Nos queda sólo eso, la reivindicación y la protesta", aseguran en una nota de prensa, en la que siguen preguntándose por qué en Madrid con el agua y con la Sanidad –o con la Educación en todo el país– sí se han podido llevar a cabo este tipo de consultas sociales y ellos no pueden hacerlo. "Castilla-La Mancha ha retrocido 50 años en derechos y libertades", apostillan.

Hoy además han convocado una charla en la que participarán miembros de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II y la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento. "Estamos hablando de democratización. Para que el sistema sea eficiente, los ciudadanos tienen que participar. En el agua hay que meter a los ciudadanos en la cadena de producción y eso no pasa cuando se la entrega a una empresa privada por 25 años", señala Luis Babiano, gerente de esta asociación que estará esta tarde en la conferencia.

Imagen del cuarto día de encierro en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María contra la privatización de la empresa municipal del agua.

Imagen del cuarto día de encierro en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María contra la privatización de la empresa municipal del agua.

Encierro en El Puerto de Santa María

Babiano explica que este modelo de gestión mixta se está extendiendo a muchos otros municipios españoles debido a "la ruina económica de los ayuntamientos. Han convertido un derecho humano como es el agua en un derecho mercantilizado que sirve para enjuagar las cuentas públicas". Y hace hincapié en que el Tribunal de Cuentas ha dejado claro que en muchos servicios la gestión pública es hasta un 75% más eficaz y rentable que la privada, y en la tendencia en la Unión Europea hacia la municipalización de los servicios.

Como ejemplos cita Berlín o, el más icónico, París. El Consistorio de la capital gala recuperó la gestión directa de la empresa del agua (Eau de Paris) en 2010, lo que ya ha propiciado la bajada de la tarifa en un 8%. Además, se prevé un ahorro de 76 millones de euros para el conjunto de los usuarios hasta 2016 y se ha creado el llamado derecho al agua, por el que se garantiza un mínimo vital para quien no pueda pagarla.

En España, asevera, "también hay una variable ideológica clara. Hasta ahora teníamos una derecha conservadora, pero ahora tenemos además una derecha conservadora con valores claramente neocon. Predican que por un milagro divino lo privado debe ocupar un espacio en todo a pesar de que estamos hablando de derechos públicos" como el  agua. Aquí más de la mitad de los servicios municipales de agua están en manos privadas, concentrados fundamentalmente en FCC, Agbar y Acciona, mientras que en la Unión Europea esta cifra ronda el 30% y en el mundo el 10%.

Pocos son los casos de los consitorios españoles que han remunicipalizado su agua –la Línea de la Concepción (Cádiz), Manacor (Mallorca) o Arteixo (A Coruña)– mientras que las protestas abiertas contra la privatización se multiplican por toda la geografía.

Encierro en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María contra la privatización de la empresa municipal de agua.

Encierro en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María contra la privatización de la empresa municipal de agua.

"Ahora mismo hay frentes abiertos, además de en Alcázar, en Ubrique (Cádiz), Mijas (Málaga) o el Puerto de Santa María (Cádiz) con un denominador común: no buscan un modelo de eficiencia sino que los ayuntamientos hagan caja", agrega Babiano. En El Puerto, concretamente, la lucha viene de lejos.

Comenzó en 2008 cuando la coalición recién elegida PP y PA intentó adjudicar el servicio público a Aqualia, que ya gestionaba el alcantarillado y la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). No se ejecutó y en plena campaña electoral se comprometieron a mantener a la empresa en manos públicas. "Hasta que volvieron a ganar. Cinco meses después, el 11 de noviembre, se lleva a un pleno la privatización y comienza formalmente la venta del 49% de la empresa y la cesión de la gestión a Aqualia por 25 años", explica Luis Hiniesta, de la plataforma Apemsa no se vende. Casi calcado al caso manchego.

Desde entonces no han parado de pelear para frenar esta privatización, que se encuentra en la fase final, pendiente de su aprobación definitiva en pleno municipal. En los últimos días el tirón de Alcázar de San Juan ha amplificado su voz. Una veintena de vecinos lleva desde el pasado viernes encerrada en la sede del Ayuntamiento de la localidad gaditana. Hoy encaran el sexto día de un encierro que, asegura Hiniesta, es indefinido hasta que se paralice la venta. Piden también una consulta popular.

Por la venta de Apemsa, el Ayuntamiento de El Puerto pretende ingresar 21 millones de euros y Aqualia recibirá un retorno de más de 62 millones, prosigue Hiniesta. Asegura que la empresa de aguas no tiene deudas, mientras que el consistorio debe actualmente más de 160 millones de euros, 86 millones más que en 2007, cuando PP y PA llegaron al poder.

"Que no se engañe nadie. Lo que se quiere vender aquí no es una empresa sino un servicio público, igual que si vendieran la Sanidad o la Policía Local. El agua es un servicio público histórico y donde los ayuntamientos tienen quizás las competencias más importantes. Da igual que se venda un 1% o un 50%. El agua hasta ahora no tenía ánimo de lucro y ahora sí", remacha.

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