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La Justicia avala la consulta popular de los vecinos de Alcázar de San Juan

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anula la resolución de la Subdelegación de Gobierno de Ciudad Real "por no ser conforme a derecho"

La consulta en la que los vecinos votarán si están de acuerdo o no con la privatización de Aguas de Alcázar se celebrará este fin de semana

Manifestación 9 de marzo en Alcázar de San Juan. Foto: Juventudes Izquierda Unida de Alcázar

Manifestación 9 de marzo en Alcázar de San Juan. Foto: Juventudes Izquierda Unida de Alcázar

La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha no se ha hecho esperar. La sala ha dado la razón a la Plataforma por la Defensa de Aguas de Alcázar y ha estimado su recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la Subdelegación de Gobierno de Ciudad Real, que declara improcedente la comunicación que le había enviado la plataforma para realizar este semana una consulta ciudadana sobre la privatización del agua en el municipio.

La sentencia anula la resolución recurrida "por no ser conforme a derecho", de modo que debe considerarse como efectuada la comunicación de la consulta ciudadana y la instalación de mesas informativas en las que se distribuirá información y se recogerá el parecer y la opinión de los ciudadanos, según recoge Europa Press.

La sentencia, prosigue la agencia, explica que la plataforma deja clara su intención en el escrito remitido a la Subdelegación ciudadrealeña al señalar que no pretende hacer un referéndum ni una consulta popular, algo para lo que no tienen competencia, sino una simulación de voto "como un acto puramente testimonial y reivindicativo". Y que, además, esta consulta se encuadra como "una continuación de las actuaciones que se están realizando desde el pasado verano manifestándose pacíficamente, como con la recogida de firmas en contra de la privatización de Aguas de Alcázar".

El TSJCM también explica que el Abogado del Estado en representación de la Subdelegación del Gobierno aclaró que no se prohibe ningún acto, sino que se entiende que no ha de tramitarse la comunicación a esta subdelegación sino al Ayuntamiento como autoridad municipal por la ocupación de la vía pública. Asimismo, condena a la Administración General del Estado a pagar las costas del procedimiento.

"Una alegría enorme"

Los miembros de la plataforma se enteraban esta tarde de la noticia por los medios de comunicación. Siempre con cautela y a la espera de tener ellos la sentencia, Juan Barrilero, portavoz de la plataforma, afirmaba a eldiario.es que "es una alegría enorme porque es justo. Ya nos pareció positivo que el fiscal defendiera nuestros mismos argumentos sobre que la consulta se debe hacer al igual que en otros casos similares en España". 

"Está siendo una lucha muy fuerte y dura, con medios muy asimétricos y el PP utilizando toda la artillería pesada. Una lucha David contra Goliat es lo que estamos viviendo. Pero esto es un respiro y nos reafirma en nuestra lucha. Si se confirma, creo que es un éxito de la democracia y de que las instituciones todavía funciona", agregaba.

Por su parte, el abogado de la plataforma, Juan Ángel Sánchez Moreno, apuntaba: "Nunca hemos pretendido convocar un referéndum ni una consulta popular. La pedimos y nos la denegaron. Sólo queremos seguir protestando con esta consulta ciudadana igual que se ha hecho en Madrid con la Sanidad o el agua". La subdelegación, proseguía, "se ha inventado una no tramitación con la única intención de que no se pudiese opinar. Y lo que sale protegido con esta resolución es el derecho de reunión y a la libertad de expresión, que es lo único que nos queda a los ciudadanos".

Inicialmente la consulta ciudadana estaba prevista que se celebrase desde mañana jueves hasta el domingo, pero esta tarde la plataforma ha decidido que comenzará el viernes, y el sábado habrá diversos actos coincidiendo con el Día Mundial del Agua. También esta tarde habrá un acto en el que participarán miembros de la Plataformas contra la Privatización del Canal de Isabel II y El Puerto de Santa María y de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento. 

Resolución del TSJ de Castilla -La Mancha by eldiario.es

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