Andalucía pagará el alquiler a desahuciados en situación de emergencia social

La Junta de Andalucía ha previsto una nueva ayuda para familias desahuciadas de su vivienda, o que están a punto de serlo, y en situación de emergencia social, consistente en el pago de un alquiler, para lo cual ha presupuestado 2,2 millones de euros, ampliables, para 2015.

El objetivo de estas nuevas ayudas, publicadas hoy, es que “las familias desahuciadas por no poder pagar su hipoteca y que se encuentran en situación de emergencia” sin otra alternativa de vivienda y “empobrecidas por la crisis y el desempleo no se queden en la calle”, según la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU).

La consejera ha explicado en conferencia de prensa que estas ayudas van dirigidas al mismo segmento de población en riesgo de exclusión social al que se dirigían las expropiaciones temporales de uso previstas en la Ley de Función Social de la Vivienda, recurrida ante el Constitucional por el Gobierno central.

Cortés ha asegurado que el gabinete jurídico de la Junta andaluza ha presentado alegaciones a ese recurso para que el Constitucional levante la suspensión cautelar de esa ley, ya que, ha asegurado, los informes del Gobierno incluidos en la argumentación de su recurso tenían “datos falsos”.

De falso ha calificado Cortés que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) posea 911 viviendas, ya que en realidad tiene 98 en la región, y que la ley andaluza deteriorase el sistema financiero español, porque el informe de Estabilidad Financiera del Banco de España en 2014 acredita lo contrario, que ha tenido “una mejora de las condiciones de financiación en los mercados nacionales”.

Elena Cortés ha asegurado que si ante el problema de los desahucios el Gobierno central “cierra puertas” y “pone palos en las ruedas” a las soluciones planteadas por la Junta, el Gobierno andaluz “abrirá puertas”, como ha considerado las ayudas al alquiler anunciadas hoy.

Las nuevas ayudas protegen igualmente a los avalistas que acrediten una situación de emergencia social por encontrarse su vivienda en ejecución por haberla ofrecido como garantía de un crédito hipotecario o de un préstamo concedido para hacer frente al desempeño de su trabajo como autónomo.

También cubrirán a las personas que acrediten su situación de emergencia y hayan ofrecido su vivienda habitual en pago, aunque ésta no esté afectada por un proceso de ejecución.