El caso de la niña asesinada en Valladolid se dilató por no activarse el protocolo oficial contra el maltrato infantil
El caso del abuso y presunto asesinato de la pequeña de cuatro años muerta hace una semana en Valladolid se alargó de manera fatal en el tiempo porque no se activó el protocolo oficial contra el maltrato a menores, según han confirmado fuentes del caso. El documento obliga a avisar por escrito y por triplicado en cuanto se detectan indicios de un posible caso.
El Protocolo Básico de Intervención Contra el Maltrato Infantil y en Ámbito Familiar del Ministerio de Sanidad “tiene por objeto la mejoría de la coordinación interinstitucional para obtener una respuesta rápida y eficaz”. Para la pequeña de la capital castellanoleonesa no hubo tal respuesta.
¿Qué es lo que establece el protocolo? Cuando la detección del posible caso se produce en el ámbito sanitario “el médico, pediatra o profesional de enfermería de atención primaria o de salud mental o centro hospitalario que tenga sospecha o evidencia de un caso de maltrato infantil debe cumplimentar la hoja de notificación y, conjuntamente con el trabajador social del centro hospitalario o de salud, enviarla a los servicios sociales correspondientes”. Esa hoja de notificación tiene tres copias: una para el historial del centro, otra para los Servicios Sociales y otra para el registro autonómico de maltratos.
En este caso, el pediatra que primero vio a la niña contactó directamente con el 112, quien le recomendó llamar a la Policía, según reconocen desde el propio centro hospitalario.
Además, el plan trazado por el Ministerio incluye que “sin perjuicio de ello, el facultativo remitirá también el preceptivo parte de lesiones o informe médico al Juzgado de Guardia o a la Fiscalía”.
Los agentes de la Unidad Familia y Mujer (UFAM) acudieron al hospital y tomaron declaración a la madre. Un día después, el pediatra acudió voluntariamente a declarar a comisaría. La policía no comprobó si el padre estaba fuera de España ni intentó localizarlo para que diese su versión de los hechos, según confirman fuentes de la investigación.
El hospital, con el que eldiario.es contactó, no pudo aclarar si se siguió el protocolo, si se rellenó el formulario preceptivo con tres copias, y se notificó a los distintos órganos competentes. Tanto los centros sanitarios como los centros educativos, deben tener estos formularios.
Con esa cadena de avisos prescrita, una vez que se alerta el posible caso de maltrato, los servicios sociales de la Comunidad empiezan a trabajar de inmediato. Pero no fue así. El gerente de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, Carlos Raúl de Pablos, ha asegurado que tuvieron conocimiento del asunto por la Fiscalía de Menores, que les instó a investigar la situación de la familia el pasado 21 de julio, diez días después de que se detectasen los posibles maltratos en el hospital.
La Fiscalía de Menores tiene como objetivo la investigación de delitos cometidos por menores, así como el control, seguimiento sobre materias relativas a la guarda, protección y tutela de los menores en situación de riesgo o desamparo.
Entrevista extraña
Con todo, Servicios Sociales no se entrevistó con la madre hasta cinco días después de que los fiscales les avisaran. De haberse usado el protocolo, la Junta debería haber actuado mucho antes.
Tras la entrevista, la trabajadora social elaboró un informe en el que, según ha podido saber eldiario.es, dejó datos que hacían ver que algo fallaba en la versión de normalidad que daba la progenitora. Sin embargo, este informe no se pone en conocimiento de la Policía, de la Fiscalía o del Juzgado de Guardia, aunque se decide celebrar un encuentro en el domicilio familiar el 28 de julio.
La madre lo anuló aduciendo motivos laborales. Tampoco esta circunstancia se comunicó a la Fiscalía o a la Policía y no hubo intento de comprobar que, efectivamente, ese día la madre tenía que trabajar. Los servicios sociales trasladaron la visita al día 1 de agosto, pero cuando acudieron a la vivienda nadie abrió la puerta.
Ni siquiera en esta circunstancia optaron por poner en conocimiento de la Policía o de la Fiscalía la falta de colaboración de la madre ni buscaron una medida que les permitiese conocer el estado de la pequeña. Un día después, la niña ingresaba en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid en parada cardiorrespiratoria, muerte clínica y signos evidentes del maltrato. Fueron detenidos tanto la madre como su compañero sentimental del que la Policía nunca tuvo conocimiento.
Prioridad que no se contempló
Pero el protocolo contra el maltrato infantil, también recoge lo que debería ocurrir en el ámbito judicial, y es muy claro: en la fase de instrucción “se dará preferencia a cualquier procedimiento relativo a maltrato infantil, de manera análoga a la prioridad reconocida en las causas con recluso”.
No fue el caso, tal y como publicó eldiario.es, se trató con prioridad un presunto caso de maltrato psicológico del padre sobre la madre, que declaró en cuestión de días ante el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer.
El atestado policial puso en negrita, subrayado y con mayor cuerpo de letra la parte de la supuesta violencia de género. Posteriormente, tras archivarse la causa, el juez envió el testimonio, (la parte que afectaba a la niña y en que se hablaba del posible maltrato) a la Oficina del Decanato para que lo turnase a un juzgado de Instrucción el día 25, cuando la pequeña aún estaba viva. No sólo no se le dio prioridad, sino que estuvo diez días sin turnar y llegó al juzgado el 3 de agosto, el mismo día en el que la cría había fallecido.
