Becerril pide un copago más progresivo que proteja a personas más vulnerables

La defensora del pueblo, Soledad Becerril, señala la conveniencia de mejorar la progresividad del modelo de copago farmacéutico con la aprobación de nuevos tramos de renta y una mayor protección a los más vulnerables, como personas con discapacidad, pocos recursos o enfermos crónicos o muy graves.

Así lo señala en la Memoria Anual 2016, que ha presentado hoy y que recoge 470 quejas individuales en materia sanitaria frente a las 1.422 del pasado año (560 individuales y 862 agrupadas).

La institución ha actuado de oficio en 42 ocasiones, especialmente sobre la interoperabilidad de las recetas entre servicios de salud o el estado de las listas de espera en cirugía plástica reparadora para mujeres sometidas a mastectomías, que afectan a varias o todas las comunidades autónomas.

Las actuaciones de oficio sobre la enfermedad celíaca y la protección social de los enfermos de cáncer serán objeto de sendos estudios monográficos en los que se trabaja, y cuyos resultados se ofrecerán en el próximo informe.

En cuanto al copago farmacéutico, la defensora denuncia que la actual regulación “no garantiza que determinados grupos de personas sin ingresos o con rentas muy bajas puedan acceder a los medicamentos que precisan”, ni tampoco el reconocimiento en la exención en el copago a personas con un grado de discapacidad superior al 65 %.

Por ello, cree que la consideración de las circunstancias personales y económicas que determinan la aportación de los ciudadanos en los medicamentos “debería ser más completa y equilibrada”.

Además, la “ausencia jurídica” para los ciudadanos sobre quién es el responsable de determinar el porcentaje de copago que les corresponde y ante quién pueden reclamar, “exige” que la ley determine el órgano competente y las características básicas de procedimiento para concretar la modalidad asignada a cada paciente.

Ante la queja de una madre sobre el perjuicio padecido por su hija, de 14 años, afectada por un trastorno de alimentación, por el consumo de medicamentos laxantes que adquiría sin restricción en la farmacia, la institución precisa que “una previsión legal específica podía ofrecer mayor amparo” a los farmacéuticos, cuando crean preciso denegar la venta a un menor de edad de fármacos sin receta.

Las listas de espera constituyen el principal motivo de queja de los ciudadanos y dan origen a un “relevante” número de resoluciones.

Así, la defensora inició actuaciones de oficio en todos los servicios de salud al constatarse demoras en la cirugía para implantar prótesis de mama y reconstrucción de seno a mujeres que han sufrido una mastectomía tras un cáncer de mama.

Con relación a la prestación de cuidados paliativos, la institución pide la adecuación de los dispositivos a las necesidades buscando una mayor homogeneización en la dotación de los recursos y la equidad en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

El informe recuerda que el defensor reclama desde hace tiempo una regulación legal de los procedimientos para la adopción de medidas coercitivas sobre pacientes de salud mental que garantice sus derechos.

En cuanto a la interoperabilidad de la receta electrónica, la defensora señala que de cumplirse las previsiones del Ministerio y de la mayor parte de las consejerías, el proceso debería estar prácticamente completado este año.