Cantabria pide la declaración del estado alarma para garantizar la seguridad jurídica

Santander, 24 oct (EFE).- El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha formalizado este sábado la petición de la comunidad autónoma para que el Gobierno de la nación declare el estado de alarma, con el fin de garantizar la seguridad jurídica de las medidas que sean precisas a partir de ahora para frenar la proliferación de contagios y la extensión de la pandemia de COVID-19.

En un escrito dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Revilla requiere esta declaración ante la posibilidad de tener que recurrir a restricciones añadidas a las ya aprobadas y que afecten al “núcleo duro” de los derechos fundamentales, las cuales solo tienen cabida “al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio”.

A su juicio, según señala el Gobierno cántabro en un comunicado, la situación que está padeciendo en este momento España hace “imprescindible” la necesidad de “homologar” los criterios de actuación de las diferentes comunidades autónomas y el estado de alarma permite “evitar situaciones como las que se están dando ahora, con sentencias de los tribunales superiores de justicia dispares en cada territorio” a la hora de valorar aquellas medidas que afectan a los derechos fundamentales.

Además de subrayar que el estado de alarma es la única fórmula para brindar “respaldo legal” a las autonomías, Revilla defiende una actuación coordinada con el Estado, en la que las comunidades mantengan sus competencias para decretar las medidas precisas en función de la evolución de la pandemia en cada territorio, con el objetivo de “contribuir de la manera más rápida posible a frenar la evolución de los contagios, que en este momento está siendo muy preocupante”.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno cántabro, Pablo Zuloaga (PSOE), ha considerado “fundamental” coordinar la acción de las Comunidades Autónomas, a través de la declaración del estado de alarma que, a su juicio, es la “herramienta constitucional clave” para poder adoptar nuevas medidas si fuera necesario ante el “preocupante” avance de la COVID.

“La situación sanitaria en España exige que los Gobiernos estemos preparados para tomar las decisiones que sean necesarias”, ha añadido.