CCAA del PSOE urgen a acelerar pacto para gestionar el 80% del IRPF social

Seis comunidades gobernadas por el PSOE han confiado en que hoy se pueda cerrar el acuerdo de reparto del 0,7 % del IRPF destinado a fines de interés social, según el cual las autonomías asumirán el 80 % de las subvenciones y el Estado el 20 %, y han urgido a que se tramite con la “mayor celeridad”.

Así se lo van a exponer los consejeros de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, en la reunión extraordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales que se celebra esta mañana.

La consejera andaluza de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha criticado a los periodistas antes de entrar en la reunión que este acuerdo “llega tarde” y que la partida, que suma 240 millones de euros, ya debería estar transferida para evitar a las comunidades “ciertas dificultades” en su gestión.

Un acuerdo con el que se cumple la sentencia del Tribunal Constitucional que en enero trasladó a las autonomías la gestión de la financiación de las ONG y que establece que la cuantía global de los créditos destinados a subvencionar programas de interés general se distribuirá en dos tramos, uno estatal, que será del 20 %, y uno autonómico, del 80 %.

Asimismo, el reparto entre comunidades se hará en función del porcentaje que efectivamente corresponde a cada comunidad en la resolución de concesión de la convocatoria de 2016, y que en el caso de Andalucía asciende a los 39 millones, ha precisado Sánchez Rubio.

Preguntada por si hay discrepancias de alguna autonomía con este pacto, la consejera andaluza ha mostrado su confianza en que “va a haber acuerdo” y que “las comunidades socialistas” han venido a alcanzarlo “sí o sí con las modificaciones que se tengan que hacer”.

También la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de Aragón, María Victoria Broto, ha instado a que se convoquen de manera urgente las subvenciones para las entidades sociales, por lo que ha exigido que los 8 millones de euros que percibirán las de su comunidad puedan disponer de ellos “lo más rápidamente posible” para llevar a cabo cuanto antes los proyectos.

Broto ha admitido que el debate está en la gestión del dinero, porque el Gobierno planteó que las entidades lo recibirían una vez se garantizase la obra o el proyecto, y las autonomías preferían adelantarlo.

Mientras, el consejero extremeño de Sanidad, José María Vergeles, que ha recriminado al Gobierno que haya perdido mucho tiempo “en intentar negociar con el Tercer Sector”, se ha mostrado “satisfecho” con el nuevo modelo mixto de reparto, porque es “el equilibrado”.

Vergeles ha avanzado que las ayudas a las entidades extremeñas, a las que corresponden 6,7 millones euros, llegarán “a lo largo del verano” si el acuerdo al que se llegue en la reunión se lleva al próximo Consejo de Ministros de este viernes, ha dicho.

Estas seis comunidades socialistas quieren además que el pacto solo tenga vigencia este año y que se constituya un grupo de trabajo encargado de analizar el futuro del sistema de las subvenciones de IRPF y de proponer un nuevo modelo aplicable para 2018.

Los programas financiados a través de la casilla del 0,7 % de la declaración de la renta y gestionados por las organizaciones del Tercer Sector benefician cada año a más de 7,5 millones de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social; este año, permitirán a 500 ONG desarrollar más de 1.300 de estas iniciativas.

El pasado año, se atendieron cerca de 7,4 millones de personas y supuso el reparto de más de 234 millones a 8.552 proyectos, que financiaron 1.383 programas en los que participaron 114.000 voluntarios.