La CE lleva de nuevo a España a la Corte por estibadores y le insta a cumplir

La Comisión Europea (CE) decidió hoy volver a llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber cumplido una sentencia previa en la que se exigía al país que liberalizase el sector de los estibadores, y le instó a actuar para evitar sanciones.

Bruselas ya había llevado a España ante la Corte tras determinar que el país incumple con la libertad de establecimiento de los empleados encargados de manipular mercancías en los puertos españoles, ya que en el sector se contrata de preferencia al personal dispuesto por las compañías estibadoras.

El TJUE dio la razón a la Comisión en diciembre de 2014 y sentenció que este modo de operar de las empresas estibadoras españolas es contrario con la legislación comunitaria, ya que impide que operadores de otros países se instalen libremente en los puertos y contraten a quien deseen.

En concreto, contestó el hecho de que las compañías estén obligadas a inscribirse en una sociedad central, se integren como partícipes en el capital de la misma y contraten prioritariamente personal puesto a disposición por dicha sociedad.

“Las sociedades de servicios de mercancía tienen que ser libres de poder contratar a las personas que elijan y no estar sujetos a la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios”, afirmó en una rueda de prensa el portavoz comunitario Jakub Adamowicz.

Sin embargo, la Comisión estima que España por el momento no ha abordado convenientemente los problemas identificados.

La Comisión insta ahora al Gobierno español a aplicar “las reformas necesarias para cumplir esta sentencia” cuanto antes, ya que avisa que de lo contrario, el tribunal podría “imponer sanciones financieras a España, según un comunicado de la institución.

El Ejecutivo comunitario da así margen a España para que aplique los cambios necesarios antes de que la Corte se pronuncie sobre el caso y decida si multa o no al país por incumplimiento, un proceso que suele llevar entre 12 y 18 meses.

Mientras el Gobierno esté en funciones, no podrá tomar las medidas legislativas necesarias para cumplir con las exigencias comunitarias, pese a lo que Bruselas insta al país a actuar “en un futuro cercano”.

“Estamos en una situación en la que lo que ésta claro es que tenemos margen para aplicar reformas sin consecuencias, que en cualquier caso tiene que decidir la Corte, pero esto tiene que hacerse rápido y decididamente”, dijo Adamowicz.

“El mensaje es claro: hay una ventana de oportunidad para arreglar la situación y poner la legislación española en línea con la europea”, añadió.