La Comunidad aprueba 130 millones para gasto corriente de los ayuntamientos

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles destinar 130 millones de euros para que los ayuntamientos de la región puedan afrontar más gasto corriente con el fin de facilitar a los consistorios que sigan prestando los servicios básicos municipales al ciudadano.

Esta cantidad forma parte del Programa de Inversión Regional 2016-2019, prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2020, dirigido a todos los municipios madrileños, a excepción de Madrid capital, para impulsar proyectos locales que ayuden a cohesionar la región y favorezcan el equilibrio territorial.

Al mismo tiempo, el Gobierno regional ya trabaja en la elaboración este año de un nuevo Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid 2021-2025 que priorizará actuaciones relacionadas con el deporte, la generación de empleo, la eliminación de barreras arquitectónicas, discapacidad y sostenibilidad, medioambiente y el ahorro energético.

El futuro Programa permitirá la planificación de las nuevas actuaciones locales.

Lo han anunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, y el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado la modificación y el decreto de condiciones de cierre del PIR actual, que cuenta con un presupuesto de 700 millones de euros.

De esta manera, se establece la regulación de las condiciones de finalización del programa anterior para procurar una ordenada y eficaz liquidación que contemple todos los supuestos de la gestión de las obras y servicios incluidos en el plan, como la imposibilidad de llevar a cabo una nueva prórroga del programa.

Entre las principales novedades del Programa para los próximos cuatro años, se contemplará la reducción significativa de los trámites administrativos para beneficiarse del mismo, en aras de agilizar el inicio de las obras en los municipios.

A su vez, se suprime el correspondiente informe competencial que se requería hasta ahora y será realizado por la propia entidad local mediante un certificado emitido por el habilitado nacional correspondiente.

El nuevo Programa apostará por una mayor implicación de los ayuntamientos en sus proyectos, incorporando un nuevo capítulo dedicado a los proyectos de modernización de las entidades locales.

La finalidad de esta línea de ayuda es la digitalización de la Administración local a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como medio para mejorar los servicios de gestión, atención al ciudadano y la simplificación de los procedimientos administrativos.

Otra de las novedades radicará en establecer unos plazos específicos para la solicitud de alta en cada actuación, buscando de este modo la racionalidad y programación óptima del sistema, en las que además se priorizarán las inversiones de carácter medioambiental, la eliminación de barreras arquitectónicas, el ahorro energético y los proyectos que permitan la activación de la economía y el empleo de forma directa o indirecta.

Asimismo, el nuevo Programa mantendrá la parte destinada al gasto corriente en la misma línea que el anterior.

Como novedad, se incluye la totalidad del Capítulo IV del presupuesto en la justificación del gasto, es decir, va a permitir llevar a cabo transferencias corrientes de gastos de carácter extraordinario o de actuaciones que no estén exclusivamente relacionadas con el pago del personal municipal.

De esta manera, por ejemplo, se podrá poner en marcha de forma más ágil medidas económicas y sociales en aquellos municipios que hayan tenido que asumir gastos originados por el COVID-19.

El pasado mes de noviembre, el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, ya anunció la posibilidad de que los ayuntamientos de la región solicitaran un incremento de hasta el 25 por ciento adicional para invertir en gasto corriente, siempre y cuando este no hubiese sido agotado del capítulo de inversiones.

Dada la importancia del Programa de Inversión Regional para los municipios, el decreto ha sido sometido trámite de audiencia, por un plazo de quince días, por la Federación de Municipios de Madrid (FMM) para estudiar sus medidas de aplicación.