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Dimite el concejal de Madrid imputado por el 'caso Madrid Arena'

Pedro Calvo era también tercer teniente de alcalde de la ciudad, presidente de la empresa Madrid Espacios y Congresos, propietaria del lugar que alojó la trágica fiesta de Halloween, y portavoz del grupo municipal del PP

El edil que fue la mano izquierda de Alberto Ruiz Gallardón

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Rueda de prensa de Calvo, Botella, Villanueva y De Guindos sobre el Madrid Arena, el 2 de noviembre. / Ayuntamiento de Madrid

Rueda de prensa de Calvo, Botella, Villanueva y De Guindos sobre el Madrid Arena, el 2 de noviembre. / Ayuntamiento de Madrid

El concejal delegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, ha dimitido de todos sus cargos tras ser imputado por el juez Eduardo López, que instruye la causa del Madrid Arena, en la que fallecieron cuantro jóvenes.

Fuentes del Ayuntamiento inicialmente confirmaron que dejaba su acta de concejal, si bien posteriormente, prefirieron ser más ambiguos: "Ceñiros al comunicado". El comunicado oficial habla de "dimisión de todos sus cargos", si bien no especifica si incluye a los de designación y elección, o sólo a los primeros.

Calvo era además tercer teniente de alcalde de la ciudad, presidente de la empresa Madrid Espacios y Congresos, propietaria del lugar que alejó la trágica fiesta de Halloween, y portavoz del grupo municipal del PP.

Calvo fue imputado a petición de la Fiscalía de Madrid ya que este era el encargado de tramitar la cesión del Madrid Arena.

Así lo ha avanzado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras concluir la inspección ocular que ha tenido lugar esta mañana en el recinto municipal para reconstruir lo sucedido en la noche del 31 de octubre.

En el marco de la investigación, el encargado de la empresa Diviertt, organizadora de la macrofiesta, el promotor Miguel Ángel Flores, declarará también como imputado el martes 20 ante el magistrado. El miércoles lo hará el representante legal de Kontrol 34 (la empresa de los porteros). Los próximos días pasarán ante el juez el responsable de Seguriber (encargada del servicio de seguridad) y el propio Pedro Calvo.

Tras concluir la inspección, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, no ha querido dar muchos detalles sobre las pesquisas de la diligencia pero ha apuntado que en este proceso se depurarán "responsabilidades penales, no políticas".

La mano izquierda de Gallardón

Si Manuel Cobo era la mano derecha del ahora ministro de Justicia, Pedro Calvo era la izquierda. Calvo se incorporó a las listas autonómicas comandadas por Alberto Ruiz Gallardón en 1991. Fue la última legislatura de Joaquín Leguina, y en 1995 el PP alcanzó el Gobierno de la Comunidad de Madrid por primera vez en su historia. Y ahí sigue.

Este licenciado en Derecho nacido en Ponferrada (León), en 1968, pronto, permaneció como diputado en la Asamblea de Madrid hasta que Gallardón desembarcó en el Ayuntamiento en 2003. A lo largo de esos 12 años, fue portavoz del Grupo Popular entre 1999 y 2000, además de senador desde 1995 hasta 1999. En 2000 fue nombrado consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.

Ya en el Ayuntamiento, con la mayoría absoluta de Gallardón, estuvo, entre 2003 y 2011, al frente de la concejalía de Seguridad y Movilidad. Así, era responsable de la Policía Municipal, SAMUR-Protección Civil y Bomberos. En el área de movilidad, tenía competencias sobre los Agentes de Movilidad, EMT y taxi; de la salud pública y las drogodependencias; así como de la gestión de la Sociedad Calle 30 y de los servicios funerarios.

Precisamente en el área de movilidad aparecen las principales sombras sobre la gestión de Calvo, cuando en 2006 se supo que había adjudicado la gestión de una de las zonas de parquímetros de la capital a una empresa cuyo apoderado era amigo suyo. La oposición pidió la dimisión en vano y la investigación interna del Ayuntamiento no encontró irregularidades.

En 2012, tras el salto de Gallardón al Gobierno y la llegada a la alcaldía de Ana Botella, Calvo pasó a ser portavoz del Grupo Popular en el Aytuntamiento y pilotar la concejalía de Economía, lo que llevaba aparejada presidencia de Madrid Espacios y Congresos, la empresa municipal propietaria del Madrid Arena.

Pero Gallardón no se ha olvidado hoy de uno de sus más estrechos colaboradores: "Una declaración como imputado no significa ningún prejuicio ni condena previa para nadie. La imputación es una garantía para todas aquellas personas que son llamadas a juicio como consecuencia de que hay un hecho presuntamente delictivo que tiene que ser investigado".


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