La coordinadora de ONGD al relator: acabar con la pobreza es decisión política

La Coordinadora de ONG de Desarrollo (CONGD), que agrupa a las principales plataformas de organizaciones sociales dedicadas a cooperación internacional y acción humanitaria, considera que erradicar la pobreza es “una decisión política” y debe hacerse tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

La Coordinadora se ha reunido este lunes con el relator de la ONU sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Philip Alston, junto a otras organizaciones de la sociedad civil como la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) y Amnistía Internacional, entre otras.

Según ha expuesto la coordinadora, “España ha ignorado de forma reiterada las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y no ha impedido que empeore la situación de las personas más vulnerables, ni ha asegurado que se mantenga el nivel de protección de derechos alcanzado”.

“Las medidas de austeridad impuestas en la última década han minado las políticas sociales; revertir esta situación exige recuperar los presupuestos de las políticas sociales, entre ellas, la cooperación, que ha sufrido un recorte del 54 % desde 2009”, denuncian las ONGD en un comunicado conjunto, en el que lamentan que España se sitúa a la cola de Europa en materia de cooperación internacional para el desarrollo.

Alertan de que la actuación internacional de España puede tener consecuencias sobre la vida de las personas y reclaman al Gobierno que asegure que las empresas españolas en el exterior respetan los derechos humanos y el medioambiente, y no comenten ningún tipo de abuso.

Amnistía Internacional ha trasladado al relator su preocupación en relación con el derecho al acceso a vivienda y a la salud en España, cuya violación “contribuye de forma más decisiva al riesgo de pobreza”.

En un informe con recomendaciones al relator expone algunas “cifras alarmantes”: en España se han producido más de 400.000 desalojos entre 2013 y 2019, un 26,1 % de la población está en riesgo de pobreza (que se eleva al 42,9 % en el caso de las familias monoparentales, la mayoría encabezadas por mujeres) y el gasto personal en vivienda ha aumentado en un 25,9 % en los últimos 13 años.

Respecto a la vulneración del acceso a la vivienda, Amnistía denuncia que “a pesar de que no existen datos desagregados por género, edad o por posibles vulnerabilidades que permitan evaluar el impacto de esas cifras, sabemos que las mujeres son las que enfrentan los mayores obstáculos, entre ellas las víctimas de violencia de género o las que encabezan hogares monomarentales”.

Además, Amnistía Internacional reclama ampliar el parque de vivienda social en alquiler y cumplir “con la obligación internacional que tienen los Estados de garantizar una vivienda alternativa para las personas sin recursos que han perdido o están en proceso de pérdida de su hogar”.

En el ámbito del acceso a la salud, Amnistía incide en que las medidas de austeridad implementadas por el anterior Real Decreto sanitario sigan sin revertirse, manteniéndose por ejemplo, “el copago farmacéutico que traslada el coste de determinados productos a los usuarios”.

Además, expone al relator que se mantiene la exclusión de la atención sanitaria gratuita a algunas personas migrantes en situación administrativa irregular, aunque “la nueva legislación reconoce la necesidad de garantizar el derecho a la atención sanitaria en las mismas condiciones a todas las personas en el Estado español”.