El Defensor urge a comunidades a crear servicios de inspección en residencias

El Defensor del Pueblo considera “imprescindible” que las comunidades autónomas pongan en marcha “con urgencia” servicios de inspección “suficientemente dotados” para vigilar una atención de calidad en las residencias de mayores, que estén integrados por personal “correctamente” formado.

Es una de las conclusiones que incluye el informe anual de 2019 del Defensor del Pueblo en un apartado sobre la atención a las personas mayores en centros residenciales, en la que considera necesarias reformas normativas “de calado” que garanticen una serie de derechos y en la que insta a prestar “mayor atención presupuestaria, formativa, dotacional e inspectora” en este ámbito.

De esta forma, señala que las autonomías deben crear o incrementar los servicios de inspección.

El objetivo, explica, es vigilar de forma “eficaz” que los centros residenciales mantienen los requisitos normativos exigidos para su correcto funcionamiento y unos niveles “adecuados” de calidad en la prestación del servicio de atención a los mayores.

El Defensor considera “muy recomendable” la aprobación de planes periódicos de inspección de los centros con indicadores “sobre calidad, trato inadecuado y buenas prácticas”.

A su juicio, perdura “una gran dispersión normativa” sobre los requisitos que deben reunir los centros residenciales para su acreditación y autorización, por lo que emplaza a las comunidades a realizar “un importante esfuerzo” de actualización y armonización.

Apuesta, asimismo, por un modelo residencial “propiamente sociosanitario”, que cuente con atención médica y de enfermería “más amplia y extensa”, que en España no está regulado ni así organizado“: ”Sería útil estudiar su viabilidad y conveniencia“, apostilla el Defensor.

Estima “esencial” mejorar los mecanismos de recopilación de datos para contar con estadísticas “fiables y actualizadas” sobre los recursos de atención residencial disponibles, tanto en el ámbito de autonomías como en el estatal.

Insiste en que España carece de un número suficiente de plazas públicas y concertadas y apuesta por un “significativo” esfuerzo presupuestario para solucionarlo, al tiempo que también considera necesario aumentar el personal y la cualificación de éste para mejorar la calidad asistencial.

Apuesta por una ley orgánica que delimite las circunstancias extraordinarias vinculadas a la salud y al deterioro físico y mental en las que los mayores pueden tener que asumir limitaciones al ejercicio y realización de algunos de sus derechos fundamentales, con especial referencia a la atención en las residencias.

Reitera que deben minimizarse las sujeciones físicas.

En lo que se refiere a los ingresos no voluntarios, constata “una gran inseguridad jurídica” al depender las garantías últimas en esta materia de las buenas relaciones e implicación de los órganos judiciales y la fiscalía a la que corresponda actuar en cada caso.