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La oleada de incendios forestales de abril ha arrasado más monte que todo 2017

En la segunda mitad del mes hubo mas de 650 fuegos en el norte y se duplicó la zona de matorral quemada, susceptible de convertirse en pasto para ganado

Asturias aprovechó la nueva ley de Montes para eliminar en marzo el plazo mínimo de un año antes considerar un campo quemado como aprovechable

El matorral es un ecosistema crucial como precursor del bosque, protector de suelo y regenerador de espacios degradados

SEO/BirdLife alerta de las "graves consecuencias medioambientales" de los incendios en la cornisa cantábrica

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Durante la segunda quincena del pasado abril, el norte de España ardió en cientos de incendios forestales. Más de 650 fuegos en la franja cantábrica en dos semanas (junto al resto de siniestros del mes) consumieron 16.700 hectáreas. La mayoría fueron zonas de matorral donde ahora crecerán pastos. Es más que todo lo ardido desde principio de año hasta entonces, que deja el balance de destrucción en más de 28.000 hectáreas, un 23% por encima de la media de la década, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente. La Guardia Civil en Asturias ha relacionado los incendios con la producción de hierbas para ganado.

Tres cuartas partes de lo que han arrasado las llamas era monte abierto, el hábitat que, tras las llamas, deja paso a los pastos. También se trata de un ecosistema crucial como precursor de un futuro bosque. Los incendios de abril multiplicaron por 2,4 el terreno de este tipo abrasado.

La desaparición de zonas de monte más abiertas no deja de ser una catástrofe ecológica, aunque no emita imágenes tan devastadoras como un arbolado en llamas. Los matorrales juegan un papel fundamental en la restauración de ecosistemas, la protección del suelo y la regeneración de zonas quemadas.

La ley de Montes, modificada por el Ejecutivo en 2015, ya no obliga de forma estricta a que pase un tiempo de regeneración natural antes de permitir que campos quemados sean aprovechados por los ganaderos.

El plazo mínimo que un terreno calcinado debe estar cercado a los rebaños –cuyo ramoneo se considera una actividad incompatible con la regeneración– es de un año. Pero la norma permite ahora a las comunidades autónomas levantar ese acotado mediante "una autorización expresa".

Fin del plazo de regeneración

Precisamente Asturias ha echado mano de esa cláusula para disolver el plazo de regeneración tras los incendios. La Asamblea asturiana aprobó en marzo pasado esta modificación con el apoyo de todos los grupos políticos excepto Podemos.

En esta región se registraron 254 siniestros a finales de abril, según los datos del Principado. Hubo jornadas con más de una treintena de focos activos. Solo se colocó por detrás de Galicia, que contó 380 incendios en esas fechas.

El fuego, una vez extinguido, deja paso a un terreno abierto susceptible de convertirse en un prado donde la cabaña puede pastar. Además, hasta ahora, las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC) de la UE para pastos impone que el terreno no superara una proporción de árboles o matorrales. Bruselas prepara una revisión de la PAC que impedirá subvencionar zonas quemadas sin autorización previa. Pero la nueva versión todavía está en proyecto.

El coronel jefe de la Guardia Civil en Asturias, Javier Almiñana, ha llegado a vincular la oleada de incendios con el fin del plazo de regeneración de campos quemados. A pesar de admitir que "no podemos decir aún cuál ha sido el fin" sí expresó que "con la modificación de la norma ahora se pueden explotar los pastos una vez quemados, cosa que antes no se podía."

La opinión del oficial ha hecho que tanto el Gobierno regional como el Partido Popular asturiano se revolvieran para que no se criminalice al sector ganadero. En Asturias hay más de 638.000 cabezas de ganado vacuno destinados al sacrificio para carne o la producción lechera, según los recuentos del Ministerio de Agricultura.  

Sin embargo, el coronel Almiñana, que llegó nuevo a la plaza al inicio de 2016, ya analizó al poco de tomar posesión que en el tema de los incendios se había encontrado una "mínima" colaboración por parte de la ciudadanía.

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