Madrid encarga otro informe sobre los errores de los futuros profesores
Con un informe bajo el brazo y un resumen para repartir a los periodistas. Así se presentó en marzo la consejera de Educación madrileña, Lucía Figar, a la rueda de prensa en la que anunciaba un cambio total en la selección de maestros interinos. En los papeles aparecían respuestas erróneas en los exámenes de los opositores. Algunas tan burdas como que el Guadalquivir estaba en Madrid o que Ciudad Real era una provincia andaluza. Y entre ejemplo y ejemplo de los “desastrosos” resultados, Figar explicaba que de un plumazo y de forma unilateral modificaba los criterios para acceder a las aulas. Aquel informe supuestamente de uso interno que se hacía público “de manera sesgada y para escarnio de los profesores”, según los sindicatos, tendrá su segundo capítulo. La Consejería ha encargado otro con los resultados de las últimas oposiciones, que ha reavivado el conflicto con los profesores a pocos días de la huelga general de Educación.
UGT ha denunciado que los presidentes de los Tribunales de Evaluación han recibido presiones de la Consejería de Educación para desvelar los fallos cometidos por los 11.600 opositores que se examinaron a principios de julio. “Lo que buscan es ridiculizar y seguir desprestigiando a los docentes”, asegura Virginia Fernández, portavoz de la Federación de Enseñanza del sindicato. “A ese anecdotario de disparates se le dio valor de informe cuando se basaba en cuestiones puramente subjetivas”.
Educación asegura que ha pedido los datos a efectos estadísticos, aunque todavía no se han publicado las notas de los aspirantes a dar clase como interinos. “Quieren volver a hacer escarnio público de los docentes y hacer generalizaciones perversas. La administración actúa de forma despótica al presionar para la obtención de un anecdotario que en el pasado proceso selectivo fue utilizado de forma sensacionalista y que sirvió para mofa y burla de la profesión”, rebaten desde el sindicato.
En las oposiciones de 2011 la Consejería de Educación introdujo un nuevo examen de conocimientos generales –con 30 preguntas sobre Lengua y Literatura, Matemáticas y Conocimiento del Medio–, en el que, según hizo público después, suspendieron el 86% de los 14.000 aspirantes. Con esos resultados justificaron un nuevo criterio en la baremación: se daba un 80% de peso a la nota de los exámenes (antes constituía el 36,01% del total) y relegaba la antigüedad, que pasó de representar un 46,8% a un 15% (con otro 5% más para otros méritos).
Un pedido “alegal”
Tras los exámenes de este año y aún sin publicar las notas, la Comunidad de Madrid “solicita de forma verbal a los presidentes de las comisiones de los Tribunales de Evaluación que les remitan datos de forma personalizada. Ellos lo consideraron una injerencia, y no respondieron a esta petición”, explica Fernández. El resultado, según denuncia el sindicato, es que se ha quitado a aquellos que se han negado a facilitar esa información el complemento de productividad del salario, cifra que equivale a unos 4.000 euros anuales aproximadamente, según los datos de FETE-UGT. Desde la Consejería de Educación niegan que hayan quitado algún tipo de complemento y aseguran que “al contrario, se ha autorizado a que, si hacen falta sesiones adicionales para recabar los datos, se hagan y se paguen”.
“Como por esta vía no consiguieron datos”, prosigue la portavoz sindical, “la Dirección de Recursos Humanos de la Consejería de Educación remitió el pasado lunes un escrito a los presidentes de los tribunales adjuntándoles una tabla Excel en la que tienen que anotar la puntuación de cada pregunta. Esto no nos parece una estadística fiable ya que, por ejemplo, en la pregunta para citar las capitales de seis países europeos, si acertabas todas las respuestas, la pregunta se puntuaba con un uno pero con una respuesta fallada, con un cero. Por tanto, son criterios muy particulares como para establecer una estadística fiable”, asevera Fernández.
El sindicato agrega que esta petición es “alegal”, “totalmente improcedente” y una “injerencia” que “podría vulnerar los derechos de los docentes como colectivo”. “Los tribunales entregaron en su momento todos los datos que debían aportar a la Consejería: calificaciones, etc. Por eso no entendieron que se exigiera ese tipo de información, dado que su entrega no aparece recogida en la normativa del concurso-oposición, por lo que se podría considerar alegal”, sostienen desde la federación. Y afirman también que no solo se pretende ridiculizar al colectivo docente, sino utilizar esos datos para modificar los planes de estudios de los grados de Magisterio. De hecho, Figar y el presidente autonómico Ignacio González se reunieron hace unos días con los rectores universitarios para proponerles cambios en los estudios de Magisterio.
Las capitales de Rumanía, Polonia, Bulgaria, Noruega, Finlandia y Suecia, un comentario de texto sobre un fragmento de Paulina de Ana María Matute, citar tres novelistas españoles del siglo XX ya fallecidos, indicar las partes del ojo, los divisores de 63 o decir quiénes fueron, cuándo vivieron y por qué han pasado a la historia Velázquez, Colón o Manuel de Falla. Estas eran algunas de las 30 preguntas a las que se enfrentaron en julio los opositores a docente en la prueba eliminatoria de conocimientos generales.
Educación asegura que solicitó el pasado lunes esos datos, al igual en 2011, para elaborar un análisis estadístico de las oposiciones, e indicó que los presidentes de los tribunales tienen hasta el 25 de octubre para enviarlos. Efectivamente, en el escrito al que ha tenido acceso eldiario.es se les requieren dichos datos en virtud del “apartado 6 de la Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convocó procedimiento selectivo para ingreso en el cuerpo de maestros y adquisición de nuevas especialidades, confiere a la Dirección General la posibilidad de solicitar a los órganos de selección datos estadísticos sobre el estado el desarrollo de las pruebas. Teniendo en cuenta que el procedimiento selectivo está próximo a finalizar, le solicito, en su calidad de órgano de selección, la cumplimentación de la hoja Excel que se adjunta”.
En dicho documento, los presidentes disponen de 15 casillas para escribir la nota alcanzada en cada respuesta a las preguntas de Lengua, Literatura y Conocimiento del Medio; y cuentan con otras 15 para las Matemáticas. Una casilla más está destinada a anotar la puntuación a descontar por las faltas de ortografía de cada opositor. El proceso se realiza siempre de forma anónima. El fichero calcula automáticamente la puntuación de los dos bloques de conocimiento y la nota final de la prueba tras restar la penalización ortográfica.
