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La estadística desmiente los argumentos de la reforma de la ley del aborto

Un estudio de la Fundación Alternativas desmonta con datos objetivos las razones que esgrime el Gobierno para modificar la ley de plazos

Los datos avalan que las leyes más restrictivas no provocan un descenso de los abortos, y sí lo hace garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo

La conclusión del estudio es que el anteproyecto aboca a las mujeres a prácticas clandestinas, como ya ha ocurrido en países europeos como Rumanía

Representates políticos y plataformas de oposión a la reforma del aborto del Gobierno frente al Congreso de los Diputados. / L.O.

Representates políticos y plataformas de oposión a la reforma del aborto del Gobierno frente al Congreso de los Diputados. / L.O.

Ratios, número de abortos por mujer, semanas de gestación en las que se se interrumpió el embarazo, intervenciones a menores, evolución de las tasas de aborto en los países de la Unión Europea... El análisis de estos y otros muchos datos desmonta uno a uno los argumentos del Gobierno para reformar la ley del aborto. Y así lo recoge un estudio que ha presentado este miércoles la Fundación Alternativas.

"La mayor parte de países de la Unión Europea tienen leyes de plazos que funcionan", destaca Julia Nogueira, autora del informe Análisis de la legislación europea y española sobre la salud sexual y reproductiva: consecuencias de la reforma de la LO 2/2010 de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Así, de los 28 países de la UE, en 21 rigen leyes de plazos. Nogueira, socióloga especializada en políticas públicas e igualdad, ha escogido cuatro países con leyes sobre el aborto muy dispares –Países Bajos, Rumanía, Inglaterra e Irlanda– y ha analizado diversos parámetros que ha comparado con los de España.

Las leyes más restrictivas no bajan el número de abortos

Del estudio, que a su vez destaca informes realizados por diversas organizaciones, se extrae que las leyes más restrictivas no suponen una reducción de las interrupciones voluntarias del embarazo. Es el caso de Irlanda, donde está prácticamente prohibido abortar. Ello no impide que las mujeres que se lo pueden costear lo hagan en otros países. En 2011, un total de 4.182 irlandesas abortaron en Inglaterra (con supuestos muy flexibles) y en Países Bajos (con la ley más permisiva de Europa).

Del mismo modo, las leyes más permisivas no suponen un aumento de interrupciones. Un ejemplo es España, donde de 2011 (primer año completo con la ley de plazos en vigor) a 2012, el número de interrupciones voluntarias del embarazo descendió un 5%. El caso de los Países Bajos es paradigmático, porque pese a permitir abortar libremente durante las primeras 24 semanas de embarazo tiene una de las tasas más bajas de interrupciones.

Los supuestos no protegen la salud de la mujer

Otra de las conclusiones que destaca el informe es que una ley restrictiva implica poner en riesgo la salud de las mujeres que desean interrumpir su embarazo. Nogueira recuerda que así lo avalan varios estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y argumenta que, al no poder pagarse la intervención en otro país, muchas mujeres acabarán abortando de forma clandestina, poniendo en riesgo su salud.

Lo demuestra el caso de Rumanía, un país con leyes muy cambiantes donde una modificación normativa hacia una mayor flexibilidad implicó una reducción drástica del número de muertes. De 500 fallecimientos en 1989, último año de prohibición del aborto, se pasó a menos de 200 en 1990, una vez permitido, detalla el informe.

Además, "con las normas más permisivas se producen menos embarazos no deseados, porque van ligadas a un mejor acceso a los anticonceptivos y a una mejor educación sexual", explica Nogueira. Así ha ocurrido en Países Bajos y en Rumanía, donde han desarrollado programas educativos sobre salud sexual y reproductiva en la enseñanza obligatoria.

Falta educación sexual

La ley en vigor en España precisamente recogió la necesidad de desarrollar la educación sexual en las escuelas. Pero las autonomías y las consejerías de Educación y Sanidad nunca se pusieron de acuerdo. "La Federación Internacional de Planificación Familiar nos suspende en educación y acceso a métodos anticonceptivos", destaca Nogueira. La socióloga apunta a que hubiera ayudado que la Ley de Igualdad hubiera promulgado esta educación como obligatoria. En la práctica, la educación sexual varía en cada autonomía, incluso entre colegios.

También según la ley en vigor se debería facilitar el acceso a los anticonceptivos llamados de última generación. En la práctica se trataba de incluir en la cartera servicios del Sistema Nacional de Salud tratamientos hormonales avanzados, más caros. Con la crisis, también este propósito se ha truncado.

Los datos analizados también desmontan el argumento de que el aborto se utiliza como un método anticonceptivo, ya que el 64% de mujeres que se interrumpieron su embarazo en 2012 lo hicieron por primera vez.

Desinformar para no aplicar la ley en vigor

La portavoz de la Clínica El Bosque, en Madrid, y miembro de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), Vito Virtudes, va más allá de la futura reforma y denuncia una campaña "para no aplicar" la ley aún vigente. "El Partido Popular ha transmitido la culpa de que tienen que justificarse y les ha creado incertidumbre", asegura.

Virtudes explica que atienda a muchas mujeres que cuentan que profesionales de los centros de salud de la Comunidad de Madrid ya les están diciendo que no pueden interrumpir el embarazo porque no tienen derecho. "Piensan que la ley ya no existe y que se tienen que buscar la vida. Llaman con miedo", asegura Vito.

Según detalla, lo primero que le argumentan es que se han quedado paradas, o que las van a echar, o que aún están estudiando. "¿Por qué se tienen que justificar si todas tienen derecho a decidir? El Gobierno no se pueden hacer una idea del maltrato que están haciendo a las mujeres", insiste "con rabia y pena".

Las menores abortan menos (y con sus padres)

El informe también desmonta uno de los principales argumentos que llevan al PP a oponerse a la ley actual: si las chicas de 16 y 17 años pueden abortar sin el conocimiento de sus progenitores, se dispararán las interrupciones. En realidad, las menores de 15 a 19 años no solo son el grupo de edad menos numeroso entre las mujeres que abortan (un 11,74%), sino que la tasa de abortos por cada 1.000 descendió entre 2011 y 2012, pasando de 12,84 a 12,21. Además, el 87% de estas acudió a las clínicas con sus padres y madres.

Las plataformas proelección mantienen la lucha

La oposición contra la reforma del la ley del aborto ha llegado este miércoles hasta las escalinatas del Congreso de los Diputados en plena campaña electoral para las elecciones europeas. Representantes de la plataforma Avaaz y Decidir nos Hace Libres han acudido al exterior de la Cámara para entregar las 216.912 firmas recogidas contra el anteproyecto del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. "No queremos que el Gobierno pase de puntillas sobre un tema tan importante en estas elecciones", afirma Luis Morago, director de Campañas de Avaaz.

Varios representantes de la oposición han acudido a la cita: Soraya Rodríguez y Elena Valenciano (PSOE), Gaspar Llamazares y Ascensión de las Heras (IU), Joan Baldovi (Compromís) y Olaia Fernández (Grupo Mixto). Soraya Rodríguez también ha incidido en que el debate contra la reforma del aborto no puede quedar fuera de los comicios en Europa. "El Partido Popular dice que este tema no es competencia de Europa. Les planteo una pregunta: ¿Desde cuándo los derechos y libertades de los ciudadanos no son competencia de la Unión Europea?", cuestionaba.

Joan Baldovi ha pedido al Gobierno que "si tan seguros están con la reforma, que la somentan a referendum". Por su parte, Olaia Fernández echaba la mirada atrás para denunciar "que nos quieran quitar a las mujeres un derecho que nos costó tanto conquistar".

Marisa Soleto Ávila, representante de Decidir nos Hace Libres, ha afirmado que la campaña contra la reforma de Gallardón continuará hasta que se retire el anteproyecto. "No barajamos otra opción que su retirada", ha defendido. Ante la posición favorable del Comité de Bioética, critica una resolución "hecha a medida del Gobierno", que no ha tenido en cuenta todos los informes de expertos que hemos aportado y que se oponen a esta ley.


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