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Las familias piden en la calle en Bilbao el fin del conflicto en la concertada

Las familias piden en la calle en Bilbao el fin del conflicto en la concertada

EFE

Bilbao —

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Unas 3.500 personas, según la Policía Municipal de Bilbao, entre padres, madres e hijos, han pedido este domingo en las calles de la ciudad soluciones al conflicto laboral que se vive en la mayoría de la enseñanza concertada vasca, que afronta desde el miércoles pasado ocho días consecutivos de huelga.

Apoyada por más de cuarenta asociaciones de padres y madres de alumnos de centros afectados y bajo una intensa lluvia, la manifestación ha partido sobre las 11.00 horas del Sagrado Corazón y ha recorrido el centro de Bilbao tras una pancarta en la que se demandaba una “¡solución ya!”.

La huelga afecta desde el pasado miércoles a los llamados centros educativos de iniciativa social -religiosos, laicos, cooperativas-, que representan el 70 % de la enseñanza concertada vasca -las ikastolas no están afectadas por el conflicto-.

La huelga está convocada entre los cerca de 9.000 trabajadores de 215 centros, en los que estudian 107.000 alumnos, por los sindicatos ELA, Steilas, CCOO, LAB y UGT, en demanda del convenio.

Esta nueva convocatoria se suma a los otros seis días de huelga secundados este curso, antes de las fechas navideñas, y a los otros tres llevados a cabo el curso pasado.

Los padres y madres, preocupados por las consecuencias que la huelga puede tener en los alumnos, han salido este fin de semana a la calle -el pasado viernes se concentraron también en Bilbao- en demanda de que Kristau Eskola -patronal mayoritaria en el sector-, los sindicatos y el Gobierno Vasco asuman “sus responsabilidades” en este conflicto laboral, en el que ven a sus hijos en una situación “de total indefensión”.

En un comunicado elaborado con motivo de la manifestación de esta mañana, las familias han instado al Gobierno Vasco a que se implique en desbloquear el conflicto.

Han pedido al Ejecutivo autónomo que “priorice la educación” de los alumnos afectados “ya que son en este momento los más vulnerables” y, “por tanto, las primeras personas a las que tiene que defender el poder público”, según han indicado.

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