Ser presidente interino no impide a Ignacio González impulsar el contrato de la Ciudad de la Justicia
El 12 de junio, tres días después de que se constituyera la nueva Asamblea de Madrid, la Consejería de Presidencia y Justicia convocó en su instalaciones de la puerta del Sol a los interesados para dar a conocer cuál sería su propuesta a la hora de adjudicar el último gran contrato del Gobierno todavía presidido en funciones por Ignacio González (PP): la Ciudad de la Justicia. Emplazaba el acto para las 12.00 del día 15 de este mes.
Así que, el pasado lunes, la mesa de contratación de la Consejería dio a conocer las puntuaciones finales y su propuesta de adjudicación. Luego deberá llegar el encargo oficial y la firma del contrato. El ganador de la carrera ha sido el consorcio OHL-Acciona (liderado por Juan Miguel Villar-Mir). Su propuesta le ha hecho vencedor de un proyecto por el que se prevé pagar 1.121 millones de euros durante 30 años para planear, construir y mantener las nuevas sedes de los organismos judiciales de la región. Un plan estratégico que, según su redacción actual, compromete 37 millones de euros públicos cada ejercicio durante tres décadas.
Entre medias, en ese nuevo Parlamento de la región que se formó el 9 de junio, ya no estaba la mayoría de diputados del Partido Popular que ha sostenido al Ejecutivo durante los últimos cuatro años. Las mismas señorías que el 27 de septiembre de 2012 eligieron a González como presidente regional después de dimitir Esperanza Aguirre.
A pesar de que las fuerzas políticas se han trastocado, la suerte está ya prácticamente echada. Porque el actual Gobierno interino aún tiene tiempo para adjudicar formalmente este contrato. El Estatuto de Autonomía de Madrid establece que la primera sesión de investidura se celebre en el Parlamento 15 días después de la conformación de la Asamblea. Y da un plazo de dos meses para conseguir que los diputados elijan presidente o presidenta. Ese supuesto más extremo situaría el horizonte temporal en el arranque de agosto.
Al mismo tiempo, la ley de contratos del sector público establece plazos máximos, no mínimos, para oficializar la elección. De forma genérica traza la raya en dos meses desde que se abrieron las ofertas (en el caso del campus, allá por el 12 de mayo pasado). En teoría, el calendario se detendría a mediados de julio. Si no se formaliza la adjudicación, esta decisión recaería en la nueva presidencia (que a día de hoy está bastante decantada hacia la candidata del Partido Popular Cristina Cifuentes). Inmersos en plena negociación con Ciudadanos para que Cifuentes salga elegida, fuentes cercanas al PP de Madrid cuentan que “sólo” están atentos al pacto.
Indemnización si se para el concurso
Si, después de todo este periplo, se dejara morir el procedimiento, la ley prevé que “de no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición”. Además, los pliegos específicos de cláusulas administrativas que redactó el Gobierno de González para este concurso recogen que si la Administración “renunciase a la celebración del contrato o desistiese del procedimiento deberá compensar a los licitadores por los gastos efectivos en los que haya incurrido, previa solicitud y con la debida justificación de la valoración económica”. La normativa añade que “si las causas de la no formalización [del contrato] fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar”.
La adjudicación de la Ciudad de la Justicia ha sido una carrera contrarreloj para apurar los plazos y llegar a tiempo antes del cambio de equipo de Gobierno. El anuncio público lo realizó el propio Ignacio González en septiembre del año pasado. Pero la convocatoria oficial no llegó hasta el 16 de febrero de este año. Aunque parezca mucho tiempo de antelación, los trámites administrativos imponían un calendario muy justo para un proyecto tan complejo: diseño de juzgados, un plan económico, unión de empresas para construir y mantener...
De la dificultad de este plan dieron cuenta un par de hechos: por un lado, la propia Consejería de Presidencia tuvo que ampliar el periodo para presentar ofertas. Luego, se vio obligada a retrasar dos veces la apertura pública de las proposiciones técnicas debido al “volumen de la documentación a valorar”. Del 14 de abril se pasó al 12 de mayo. Todo un mes que se ha arrastrado hasta la lectura definitiva este lunes pasado.
