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La gestora del teléfono para mujeres maltratadas fue multada tras echar a personas con discapacidad

La inspección de Trabajo sancionó en 2012 a Qualytel por infracción grave al incumplir la Ley de Integración Social del Minusválido

Según la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas, las empresas con infracciones graves en materia de integración laboral de personas con discapacidad tienen prohibido contratar con las administraciones públicas

Ana Mato: Hay salida

La ministra de Sanidad, Ana Mato.

La inspección de Trabajo sancionó a Qualytel, la empresa de telemárketing filial de Arvato Bertelsmann que gestiona el número para atender a víctimas de violencia de género, por infracción grave al incumplir la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) y despedir a trabajadores con discapacidad en 2012. Así consta en una notificación de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con fecha de abril de 2012. Según la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas, las empresas con infracciones graves en materia de integración laboral de personas con discapacidad tienen prohibido contratar con las administraciones públicas.

En los primeros meses de 2012, una inspectora de Trabajo requirió a Qualytel que cumpliera con la LISMI, en concreto con su obligación de contratar a al menos un 2% de trabajadores con alguna discapacidad. La empresa pidió entonces la declaración de excepcionalidad, una posibilidad que recoge la ley y por la que las empresas compensan la no contratación de personas con discapacidad con otras medidas. Sin embargo, cuando la inspectora citó a Qualytel para comprobar qué estaba haciendo al respecto, comprobó que Qualytel "había decidido no contratar discapacitados ni cumplir con las medidas alternativas".

Por ello, la inspección extendió acta por infracción grave "con propuesta de la multa máxima" y de pérdida de las subvenciones por contratación, una sanción que contempla la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para estos casos. "En el acta se tiene en cuenta también que se han despedido trabajadores discapacitados en el último año", se decía en la notificación de la inspección de Trabajo. La carta mencionaba el caso concreto de un trabajador de otra filial de la empresa que fue despedido y al que Qualytel se comprometió a volver a llamar.

El artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas enumera los casos en los que las empresas tienen prohibido contratar con las administraciones públicas. Entre ellos, que la empresa haya sido sancionada con carácter firme "por infracción grave en materia de disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral de minusválidos, o muy grave en materia social". Según fuentes sindicales, la empresa no recurrió la sanción. Sin embargo, tras la multa, Qualytel ha seguido contratando con diferentes administraciones públicas: no solo ha gestionado el número de atención a víctimas de violencia de género, que depende ahora del Ministerio de Sanidad, también la campaña de atención al ciudadano del Ministerio de Justicia, o diferentes teléfonos de emergencias en Andalucía o Cataluña.

ElDiario.es ha intentado contactar con la empresa para conocer su versión, pero no ha obtenido respuesta.

El Ministerio de Sanidad insiste en que ya se han puesto en contacto con Qualytel para aclarar el despido de varias trabajadoras embarazadas y pedir explicaciones. Y la ministra Ana Mato tenía prevista para este lunes una visita al centro de trabajo de Qualytel, donde se encuentra el servicio del 016; sin embargo, el acto se ha cancelado. Fuentes del ministerio aseguran que dicho acto no constaba en la agenda de la ministra: "Desde hace tiempo se está buscando fecha para este acto, para presentar la nueva plataforma de videointerpretación del 016, pero eso no significa que se haya suspendido nada". No obstante, la invitación para participar en el acto había llegado a varias personas, según ha verificado eldiario.es.

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, subrayó el jueves que la prestación del servicio caduca este año y que en poca semanas se abrirá el plazo para una nueva licitación.

Tanto el PSOE como Izquierda Plural han pedido explicaciones al Gobierno sobre las condiciones y prácticas laborales de Qualytel. Las diputadas socialistas Carmen Montón y Susana Sumelzo han registrado varias preguntas parlamentarias al respecto: preguntan al Gobierno si ha abierto una investigación sobre lo sucedido, si se va a seguir contratando el servicio con la misma empresa, qué control tiene el Ejecutivo de la Red de Empresas por una Sociedad libre de Violencia de Género (a la que está adherida Arvato, el grupo al que pertenece Qualytel) y qué requisitos y comprobaciones se hacen sobre estas empresas. 

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