Gestores ilegales: el negocio clandestino de la basura

Gestionar los residuos y garantizar su trazabilidad constituye el primer eslabón de una cadena llamada economía circular, que, como cualquier actividad económica sujeta a normativa y deberes tributarios, tiene sus atajos legales que ponen contra las cuerdas a todo un sector en beneficio de unos pocos.

La vocación de Rubén Barreno viene de familia, es la tercera generación de una estirpe de chatarreros que un día comprendió que no existe el residuo como tal, sino materia prima secundaria apta para ocupar de nuevo un lugar en la cadena de valor.

LA LEY DE RESIDUOS DE 2011

La Ley de residuos de 2011 le hizo temer por los intereses del sector y decidió unir a las empresas en torno a una asociación que se pudiera defender de aquello que chocase contra sus intereses; y así nació Agresur.

“Sentimos la necesidad de que hubiese un interlocutor válido que abordase el asunto de la clandestinidad e impulsara la colaboración con la administración”, subraya Rubén, un sevillano consciente de la deriva de Andalucía al tiempo que se centralizaba todo en Madrid.

Antes, los residuos municipales se entregaban a una empresa pública o a gestores autorizados, pero la Ley de 2011 prohibió que los ciudadanos pudieran depositar -o vender- sus residuos a éstos en el ámbito de las ciudades, lo que obligó a esas pequeñas empresas tradicionales a trabajar exclusivamente con el residuo industrial.

E introdujo a su vez dos nuevas figuras, la del agente y el negociador, “algo así como los brokers de los residuos”, que, exentos de autorizaciones ambientales y de otras figuras legales, perjudicaban el buen hacer de los profesionales del sector.

EL NEGOCIO CLANDESTINO DE LA CHATARRA

Hoy existen instalaciones clandestinas que pagan a “los ciudadanos de los carritos” o gestionan a mejor precio los residuos de algunas empresas, pero ni tienen autorización, ni cumplen con Hacienda ni ofrecen ningún tipo de cobertura a sus trabajadores.

“Nos hace mucho daño, porque nosotros pagamos impuestos, nuestras plantas tienen multitud de autorizaciones ambientales y cumplimos las normas en seguridad laboral”, subraya Rubén; además, la clandestinidad “está ligada al impacto medioambiental”, pues esas instalaciones “no garantizan el tratamiento adecuado de los residuos peligrosos”.

Alberto España es el director gerente de una planta de gestión de residuos en la provincia de Huelva, la segunda generación de un negocio familiar que arrancó en 1958 “con un burro y un carro, cambiando chatarra por globos para los chiquillos”.

“Éramos once hermanos, recogíamos chatarra por las calles y la vendíamos”, recuerda Alberto; años después, “dimos el salto, empezamos a adquirir camiones, compactadores y el material profesional que nos demandaban las industrias de Huelva (...) pasamos de traperos a recuperadores”.

UN REGLAMENTO MUY ESTRICTO

Asegura que “prácticamente todos los desechos son recuperables y susceptibles de volver a la cadena de producción”; por eso, “no me gusta la palabra residuo, sino materia prima que se valoriza”, pero lamenta unas leyes y un reglamento cada vez más estrictos; “nosotros invertimos unos recursos importantes en cosas que quien opera de forma ilegal no gasta”.

Por eso, defiende el asociacionismo; “cada uno por nuestra cuenta no vamos a ningún lado; si detecto una mala praxis, que no tenga que ser yo quien denuncie, sino que me respalde una asociación”.

En la empresa Antonio España e Hijos, S.L., integrada en Agresur, trabajan 72 personas, un 10 por ciento licenciados superiores y el resto en escalas inferiores, pero todos sometidos a una formación continua para ganar cualificación; “cuanto mejor es lo que vendemos, mejor nos lo pagan”, dice.

DE RESIDUO A MATERIA PRIMA SECUNDARIA

Pese a ser un sector desconocido, Rubén Barreno recuerda que “el primer eslabón de la cadena del reciclaje empieza aquí” y apela al papel de la educación y de la concienciación ciudadana.

“Igual que hacemos en casa, nosotros segregamos los residuos provenientes de ciudades o de polígonos industriales a nivel mayorista, los separamos y les damos la trazabilidad correcta antes de que lleguen al gestor final”, subraya.

Y lamenta que un sector tan importante para cumplir las exigencias de Europa esté tan castigado por los precios; “la mayoría de las materias primas secundarias están bajo el yugo del índice bursátil y, a nivel nacional, depende del estocaje”.

Por eso, reclama mayor rapidez en la gestión de las licencias y el tratamiento de las denuncias a ilegales, así como la fijación de precios cuando el producto -como el papel o el cartón reciclados- pierde valor porque la oferta es mayor que la demanda.

“La ventanilla única de nuestro sector no existe y queremos que vaya por un mecanismo paralelo al lince ibérico”, señala“.

Cristina Yuste