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Gobierno mexicano confía resolver “en un plazo razonable” el caso Ayotzinapa

otografía cedida este miércoles por la Cámara de Diputados que muestra a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero (I), durante un acto protocolario en Ciudad de México (México). El Gobierno de México confía en que las acciones impulsadas en este último año ayuden a resolver "en un plazo razonable" el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en el sureño estado de Guerrero.

EFE

México —

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El Gobierno de México confía en que las acciones impulsadas en este último año ayuden a resolver “en un plazo razonable” el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en el estado sureño de Guerrero, apuntó este miércoles la ministra de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“Las acciones hasta hoy desarrolladas por la Comisión del Caso Ayotzinapa abren alentadoras posibilidades de que, en un plazo razonable, sea posible conocer lo que sucedió con los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de hace cinco años”, dijo al iniciar su comparecencia ante la Cámara de Diputados, con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo federal.

Asimismo, la ministra recordó que hace unos días el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, informó de las acciones que se realizarán en las semanas siguientes.

El pasado 26 de septiembre, aniversario del trágico suceso, Encinas aceptó que la de los estudiantes fue “una desaparición forzada cometida por agentes del Estado mexicano”.

Y explicó que se creó un comité científico que analizó 80 millones de llamadas telefónicas relacionadas con el caso, lo que se ha permitido determinar “que ninguno de los jóvenes desaparecidos salió del estado y ninguno tuvo contacto con grupos criminales”.

“La única verdad es que no hay hasta ahora verdad alguna”, apuntó.

En el marco de la reactivada investigación sobre la desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que en octubre comenzaría a llamar a las personas que entonces tenían un cargo público y relación con el caso.

Desde que tomó posesión el nuevo Gobierno el pasado 1 de diciembre de 2018, resolver el caso Ayotzinapa, emblemático en materia de desapariciones forzadas, es una de sus prioridades.

El presidente Andrés Manuel López Obrador lo reiteró el pasado 26 de septiembre cuando dijo que encontrar a los jóvenes, conocer la verdad y que haya justicia son prioridades de su Gobierno.

“No pierdo las esperanzas, estoy optimista, creo que vamos a darles buenas noticias a los familiares”, declaró en su habitual conferencia en Ciudad de México.

De acuerdo con la versión oficial, los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos por policías municipales de la ciudad de Iguala, Guerrero, y entregados a miembros del cartel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron sus cuerpos en un vertedero de basura.

Pero un grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigó el caso y sostuvo la imposibilidad de que los 43 cuerpos fueran quemados en el basurero y desveló que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.

En su comparecencia de este miércoles, Olga Sánchez Cordero, además, mostró una vez más su respaldo a la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad impulsado por el Ejecutivo y conformado por militares, marinos y policías federales.

Pero apuntó que “sin la depuración, reestructuración y fortalecimiento de las policías estatales y municipales, no habrá Guardia Nacional que alcance para atender la demanda social, el reclamo ciudadano, de seguridad en las calles y plazas, en los caminos y carreteras, en las ciudades y en el campo”.

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