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El Gobierno presenta un proyecto de modernización de empleo público en Costa Rica

En la imagen el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, Albino Vargas.

EFE

San José —

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El Gobierno de Costa Rica presentó este lunes al Congreso una propuesta de texto sustitutivo para un proyecto de ley que busca modernizar el empleo público y que permitiría al país un ahorro anual de 122 millones de dólares.

La ministra de Planificación y Política Económica, María del Pilar Garrido, y el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, presentaron la propuesta Ley Marco de Empleo Público al presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, que busca modernizar el servicio público para que sea “más ágil, transparente y eficiente”.

“El nuevo texto realizado a la luz de un proceso participativo y de reflexión, establece nuevas reglas y bajo estándares de buenas prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con un único régimen de empleo público y una única escala salarial, que sea democrática transparente y que se fundamente en la base de principios y la idoneidad”, dijo Garrido.

La ministra añadió que la iniciativa permitiría un ahorro promedio anual de 0,7 % del producto interno bruto (PIB) equivalente a unos 122 millones de dólares, que según indicó podrían ser utilizados para hacerle frente a préstamos de infraestructura.

Las autoridades explicaron que el nuevo texto para el proyecto empleo público busca asegurar la eficiencia y eficacia en la prestación de los bienes y servicios públicos, con la aplicación de un esquema de salarios compuestos basados en las funciones y las competencias a otro que elimine las distorsiones y las desigualdades salariales existentes en la actualidad.

Esto, según el Gobierno, permitirá garantizar el cumplimiento del precepto constitucional que dice que “a igual trabajo, igual salario, en las mismas condiciones”, así como la migración a un salario global competitivo que permita atraer y retener el mejor talento al sector público, lo que se puede ver traducido en un mejor servicio.

Además, se mantienen los estímulos no salariales para el buen desempeño, la creación de una plataforma en línea para publicar los concursos en el sector público y dar cuentas del avance del reclutamiento, los principios de desvinculación para funcionarios con baja evaluación del desempeño, una licencia de maternidad ampliada en casos específicos y se crea el permiso por paternidad.

“Es un esfuerzo de modernización institucional entre el Estado y los trabajadores del Estado, sin duda es necesario ajustar ese régimen de relación a las nuevas condiciones del siglo XXI y alas nuevas condiciones económicas, sociales, políticas y culturales de Costa Rica (...) Hago una invitación a los diputados para que brinden sus aportes a este nuevo texto y generar un diálogo fructífero”, dijo el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto.

Los grupos sindicales rechazan la iniciativa ya que limitaría la asignación de incentivos, lo que para ellos significa “precarizar” aún más trabajos como el de los policías, maestros, funcionarios de salud o municipales.

El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, Albino Vargas, expresó en unas declaraciones distribuidas a los medios que este proyecto de ley “sacrifica los derechos de los empleados públicos” pero “no toca los salarios de la alta cúpula de más 5 millones de colones (unos 10.000 dólares)”.

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