El Gobierno Trump considera “desafortunado” el fallo del Supremo sobre el aborto

El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, calificó este lunes de “desafortunado” el fallo del Tribunal Supremo que tumbó una ley que habría minimizado el acceso al aborto en Luisiana, en un duro golpe al intento de numerosos estados conservadores de restringir al máximo ese procedimiento legalizado en el país desde hace casi medio siglo.

“En un desafortunado fallo de hoy, el Tribunal subestimó tanto la salud de la madres como la vida de los niños no nacidos al minar la política de Luisiana que requería que todos los procedimientos de aborto fueran realizados por personas con privilegios de admisión en un hospital cercano”, señaló en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.

La ley 620 de Luisiana, aprobada en 2014, exigía que los médicos que practican abortos en el estado tuvieran derechos de admisión en un hospital dentro de un radio de unos 48 kilómetros (30 millas) desde la clínica donde se llevara a cabo el procedimiento.

Los defensores del derecho al aborto denunciaron la ley como un intento de “cerrar las clínicas”, porque esos derechos de admisión son muy complicados de conseguir y, a su juicio, innecesarios en el caso de un procedimiento tan seguro en términos médicos como la interrupción del embarazo.

“Los estados tienen intereses legítimos en regular cualquier procedimiento médico, incluidos los abortos, para proteger la seguridad del paciente”, argumentó la portavoz de la Casa Blanca.

“En lugar de valorar los principios democráticos fundamentales -agregó McEnany-, los jueces no elegidos se entrometieron en las prerrogativas soberanas de los Gobiernos estatales al imponer sus propias preferencias políticas a favor del aborto para anular las normas legítimas de seguridad del aborto”.

La decisión de este lunes fue la primera relacionada con el aborto en el Supremo desde que se sumaron a la corte los jueces conservadores Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, seleccionados por el presidente Trump en buena parte debido a su oposición a ese derecho reproductivo.

Aunque ambos votaron a favor de la ley de Luisiana, se quedaron en minoría porque el presidente del Supremo, el magistrado de tendencia conservadora John Roberts, se sumó a los cuatro jueces progresistas para declarar inválida esa legislación.

“La ley 620 viola la Constitución”, proclamó el magistrado progresista Stephen Breyer en el fallo, adoptado por una estrecha mayoría de cinco votos a favor y cuatro en contra.

El veredicto significa que “las clínicas de Luisiana pueden seguir abiertas para dar servicio al millón de mujeres en edad reproductiva en el estado”, afirmó en un comunicado la presidenta del Centro para los Derechos Reproductivos (CRR), Nancy Northup, que defendió a uno de los centros médicos del estado en el litigio.

Si el Supremo hubiera dejado en pie la ley, dos de las tres clínicas que aún practican abortos en Luisiana se habrían visto obligadas a cerrar, y “solo quedaría una, con un único médico” para atender a las mujeres del estado, explicó Northup durante una entrevista con Efe en abril.