24 horas de guardia para evitar un desahucio: “Nos dejan en la calle a mí y a mis tres niños”
24 horas diarias haciendo guardia para evitar un desahucio. Día y noche, una decena de activistas de asambleas de la vivienda de Madrid se organizan para que no se ejecute el lanzamiento de Soraya Moreno y sus tres hijos menores de edad. En un par de plazas de aparcamiento de una pequeña calle del barrio de Vicálvaro han organizado un campamento con sillas playeras, butacas, bolsas de patatas fritas y refrescos. A la hora de comer un compañero trae alimentos ya cocinados en tuppers de plástico.
Se organizan con un cuadrante para confirmar que cada hora del día hay al menos una decena de personas apostadas en la calle San Eudaldo porque el desahucio sigue abierto. Desde el domingo forman parte de la rutina del barrio. La expulsión de esta familia monomarental formada por esta mujer, un niño de diez años, otra de cuatro y un bebé de un mes estaba fijado para el lunes. Consiguieron paralizar el primer intento pero como no se ha fijado un aplazamiento y no hay una nueva fecha, el lanzamiento todavía esta abierto. “La Policía puede aparecer en cualquier momento”, incide uno de los vecinos.
Teniendo en cuenta las fechas estivales, las persianas de los comercios de la zona están bajadas por vacaciones. Esta imagen contrasta con la fachada del edificio en el que ha residido esta mujer durante los últimos cuatro años. “Ningún desahucio en barrio obrero”, “solo el pueblo salva al pueblo” o “alternativa ¡ya!” son algunos de los mensajes de las pancartas que han ido colocando estos días en el portal de Soraya.
“La plataforma no la va a dejar sola. Vamos a estar con ella en todo momento. No tiene sentido que se vaya a quedar en la calle cuando hay mucha vivienda vacía”, añade Asunción, una de las activistas más veteranas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Madrid.
Según relata Fernando, uno de los portavoces de la asamblea de la vivienda de Vicálvaro, el lunes la Policía Nacional “apareció a eso de las 7 y pico”. “Esa noche habíamos hecho permanencia y ya estábamos por aquí. Acudieron muchas plataformas de afectados por la hipoteca. Nos extraña que vinieran con un dispositivo corto, eran tres. Y se marcharon”, cuenta.
Este caso ha captado la atención mediática porque la magistrada no ha tenido en cuenta la petición del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que solicitó al Estado que “tome medidas para evitar daños irreparables” a esta familia mientras estudian el caso. Entre las propuestas cautelares sugeridas por este organismo internacional destaca que las administraciones públicas le faciliten una alternativa habitacional o que se suspenda el desahucio. Como en otros casos, Naciones Unidas se ha convertido en el último recurso para evitar el desalojo de familias. El Comité DESC ya ha intervenido en 18 casos.
“Antes de entrar aquí vivía en una habitación con mis dos niños. En una buhardilla, los pequeños dormían en un altillo y a 15 cm de un techo de uralita”, cuenta Soraya. Tras una semana empaquetando todas sus cosas, llevándose a sus hijos a casa de un familiar, atendiendo a los medios, realizando gestiones para conseguir una alternativa habitacional y con la angustia del desahucio inminente, cuenta que se encuentra mal y “con mucha tensión”. “Pienso en mis hijos. No sé dónde voy a ir, me dejan en la calle a mí y a mis tres niños. Al más pequeño le he tenido que quitar el pecho porque ya no vive aquí”, apunta.
Esta mujer ocupó este piso hace cuatro años. El inmueble pertenece actualmente de la Compañía General de Inversiones Arguijo. Hasta finales del 2017 ese piso fue propiedad de Bankia, confirman fuentes de la entidad, y lo vendieron al nuevo dueño a pesar de que estaba ocupada por esta familia.
La jueza desoye a la ONU
En enero de este año la justicia ya le instó a que lo desalojase al ser condenada por un delito leve de ocupación ilegal. Tras recibir la comunicación internacional, este lunes la magistrada rechazó suspender el desalojo fechado para ese mismo día. En el auto emitido se pronunció sobre esta petición reseñando que ni “es un dictamen, ni tampoco una resolución, ni en absoluto existe el expreso pronunciamiento sobre la suspensión de la medida de desalojo acordada”.
En su decisión la magistrada determinó que no se iba a suspender el desahucio, entre otros motivos, porque los denunciantes tienen “derecho a recuperar de manera definitiva la posesión de la vivienda”. También se pronunció sobre el riesgo de exclusión social en el que se encuentra esta familia, destacando que, desde el pasado mes de abril, han concedido “sucesivas prórrogas y aplazamientos” porque han tenido en cuenta “su situación personal” y “la necesidad de una alternativa habitacional para ella y sus hijos menores”.
Desde el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid aseguran que la decisión judicial se tomó porque existían alternativas habitacionales: un piso compartido y un albergue municipal. Según relatan estas fuentes, Soraya rechazó ambas opciones.
No solo el Comité DESC se ha dirigido a la justicia. El Ayuntamiento de Madrid también ha enviado un comunicado a la magistrada solicitando una suspensión cautelar del desahucio. Desde el gobierno local, justifican esta petición alegando que esta familia “está una situación de extrema vulnerabilidad”. Además reconocen que los recursos de los Servicios Sociales son “claramente insuficientes para atender las muchas necesidades existentes”.
“Agradezco a la ONU y al Ayuntamiento su apoyo, no me lo esperaba”, incide esta mujer de 31 años. No trabaja y solo percibe la Renta Mínima de Inserción, cobra alrededor de 500 euros. Con toda su casa empaquetada, a la espera de que haya una decisión judicial o administrativa definitiva el campamento montado por los activistas se ha convertido en su gran apoyo. “Voy a seguir adelante hasta el final, no me voy a rendir”, finaliza.
