HRW insta a Israel a cesar la transferencia de beduinos en Cisjordania

La organización Human Rights Watch (HRW) exhortó hoy a Israel a cesar sus acciones en una comunidad beduina de Cisjordania, aparentemente destinadas a desplazar a su población sin justificación jurídica, acto que, recuerda, es un crimen de guerra.

En un comunicado, la ONG afirma que el Ejército israelí destruyó todas la viviendas de esa comunidad este mes y bloqueó cuatro intentos por parte de grupos humanitarios de proveer ayuda a los desplazados, empleando el uso de la fuerza contra residentes, trabajadores humanitarios y diplomáticos extranjeros.

“El Ejército israelí debe poner fin a los intentos injustificados de mover forzosamente a una comunidad arraigada durante décadas”, subraya Joe Stork, director para Oriente Medio de la organización, con sede en Nueva York.

La nota denuncia que “las fuerzas israelíes no sólo dieron una paliza a diplomáticos, sino que también demolieron cada edificio en Makhul y ordenaron a sus residentes abandonarlo y nunca más regresar”.

La organización se refiere a la demolición de las viviendas de esa aldea beduina situada en el valle del Jordán el 16 de septiembre, que dejó sin hogar a un centenar de sus vecinos.

Los diplomáticos asaltados eran franceses que trataron de prestar asistencia humanitaria a los afectados por el desalojo forzoso.

Además, otros diplomáticos de Australia, Brasil, la Unión Europea (UE), Francia, Grecia, Irlanda, España, Suecia, Reino Unido y representantes de la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea visitaron la zona para conocer de primera mano la situación de sus residentes y expresar su solidaridad.

El Tribunal Supremo de Israel emitió el pasado martes una orden judicial temporal que impide al Ejército “desplazar a (los residentes) y demoler las estructuras de la aldea”, a no ser que los derribos “respondan a necesidades militares inminentes y a claras consideraciones operativas en materia de seguridad”.

El dictamen concede a las autoridades israelíes hasta el próximo 8 de octubre para demostrar una causa legal que justifique la demolición de estructuras en la comunidad beduina.

De acuerdo a HRW, el Ejército israelí, además de cesar los derribos, debe permitir la asistencia humanitaria a sus habitantes y que la comunidad se reconstruya.

El comunicado recoge una reacción del Ejercito israelí, con fecha del 20 de septiembre, en el que afirma que “decenas de palestinos y activistas extranjeros” en la zona trataron de “perturbar el orden público y crearon provocaciones durante un violento intento de levantar tiendas de forma ilegal”.

Siempre de acuerdo al documento, Israel afirma que sus fuerzas fueron atacadas con piedras y que trataron de mantener el orden empleando medios antidisturbios no violentos.

HRW indica que las fuerzas israelíes han demolido 524 estructuras de propiedad palestina en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, desde principios de año y han desplazado a 862 personas, conforme a datos de la ONU.

“La destrucción deliberada y extensiva de propiedad civil, excepto cuando es absolutamente necesario por operativos militares, es también una grave violación de la Cuarta Convención de Ginebra”, concluye.