Los huelguistas trasladan su reclamo sobre la reforma fiscal al Poder Judicial en Costa Rica

Grupos sindicales de Costa Rica cumplieron hoy 29 días de una huelga en rechazo a una reforma tributaria con una manifestación frente a los edificios del Poder Judicial, donde exigen la inconstitucionalidad de la iniciativa.

La manifestación, que tuvo poca concurrencia, se efectuó en la Plaza de la Justicia y estuvo caracterizada por consignas contra la reforma fiscal y el pedido para que los magistrados la declaren inconstitucional.

El pasado viernes el plan fiscal fue aprobado en primer debate por el Congreso, por lo que los sindicatos guardan la esperanza de que la Sala Constitucional lo declare inconstitucional.

La mayoría de los manifestantes portaban hoy banderas de los sindicatos del sector educación, que son los que mantienen mayor apoyo al movimiento que comenzó el pasado 10 de septiembre.

El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, dijo a Efe que la huelga “sigue y sigue fuerte” y que no se trata solo de un movimiento sindical sino “de amplios sectores agrícolas, amas de casa y desempleados”.

“Estamos aquí en las afueras del Poder Judicial porque la lucha se traslada a la Sala Constitucional. Muchos consideramos que la tramitación del combo fiscal estuvo plagada de irregularidades y arbitrariedades de procedimiento y que por el fondo también tiene serios problemas de inconstitucionalidad”, afirmó Vargas.

En el vigésimo noveno día de huelga los sindicatos han realizado actividades en diversas reuniones del país, pero el movimiento se ha debilitado debido a que los principales sindicatos del sector salud llegaron a un acuerdo el sábado con el Gobierno y hoy regresaron a trabajar.

Sin embargo, los líderes sindicales aseguran que el movimiento se mantiene “muy fuerte”.

El Congreso aprobó la reforma el pasado viernes, con 35 votos a favor y 22 en contra, en la primera de dos votaciones necesarias.

El proyecto irá a revisión de diversas instituciones, incluida la la Sala Constitucional, de cuya resolución dependerá si los diputados pueden darle segundo debate a la iniciativa.

Según el Gobierno, la reforma busca recaudar recursos frescos equivalentes a cerca del 1,2 por ciento del producto interno bruto (PIB) para estabilizar las finanzas y paliar el déficit proyectado al 7,1 por ciento del PIB para 2018.

El plan convierte el impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero que gravará los servicios y, de manera diferenciada, algunos productos que antes estaban exentos.

También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, en la renta de capital, la renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales.