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Tras la huella de los centroamericanos desaparecidos en su huida hacia EE.UU.

EFE

Washington —

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Llaman a la puerta de burdeles, preguntan en hospitales y miran a los ojos a los reclusos de las cárceles. Es la búsqueda silenciosa y constante de las familias de Centroamérica que siguen las huellas de los emigrantes desaparecidos en su huida hacia Estados Unidos.

El hermano de Luis Alberto López Martínez tenía 24 años cuando dejó El Salvador y puso rumbo al norte en busca de su propio “sueño americano”: seguridad y oportunidades económicas.

“Él venía para el estado de Virginia, pero no pudo llegar. Su sueño era construirle una casa a mis papás y tener unas condiciones de vida mejores”, narra a Efe López Martínez, de visita en Washington y parte del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos (COFAMIDE) de El Salvador.

La búsqueda de los emigrantes muertos suele dar más frutos, pero COFAMIDE no renuncia a buscar a los vivos en cárceles, burdeles, hospitales, centros psiquiátricos u hogares para vagabundos.

Hasta el peligroso penal mexicano de Piedras Negras llegó López Martínez. Pudo mirar a los ojos a los reclusos, mientras los guardias de seguridad de la cárcel pasaban lista y obligaban a identificarse con nombre y apellido a cada uno de los rostros que aguantaban en largas filas en el patio de la cárcel.

“Mostramos las fotografías de nuestras familias y podías ver su actitud, algunos se reían de nosotros, pero otros aseguraban que habían visto a alguno de los que estábamos buscando y nos daban pistas para iniciar otras búsquedas. Es interesante, pero peligroso”, reconoce López Martínez.

En los burdeles de la ciudad de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, entró la hondureña Dilma Escobar Pilar Medina en busca de su hija, Olga Romero Medina.

La joven, de 27 años, dejó el 10 de octubre de 2009 a su madre, a sus cinco hijos y su precario trabajo en una fábrica de telas en la ciudad hondureña de El Progreso.

Puso rumbo al norte y, ante la dureza del camino, decidió quedarse en Tapachula, consiguió un trabajo y logró enviar dinero a su familia todas las semanas.

Tapachula es uno de los puntos preferidos de los centroamericanos en México, una ciudad en la que reinan los burdeles y las redes de trata de personas.

El 27 de enero de 2010 fue el día de la última llamada de Olga. El pequeño cuerpo de su madre se rompió en mil pedazos, recorrió hospitales, morgues y acabó uniéndose a una caravana de madres centroamericanas que siguieron las huellas de sus familiares por diferentes rincones de México.

“Con ayuda de Dios, vamos a encontrarla y, si puede ser que esté viva, la volveré a ver. Si Dios ya no quiere, pues que sus cenizas al menos lleguen a mi poder”, dice a Efe Dilma, mientras se enjuga las lágrimas y aprieta contra el pecho una fotografía plastificada de su hija.

El dolor atraviesa a las familias centroamericanas, pero la mayoría de los crímenes se comete en México o en la frontera con Estados Unidos, lo que dificulta su investigación.

Para facilitar la resolución de los secuestros y desapariciones de emigrantes, el Gobierno mexicano creó en diciembre de 2015 dos entidades destinadas a investigar los delitos cometidos por emigrantes y contra los emigrantes que pasan por México, así como las desapariciones de mexicanos en otros países.

Aunque las familias están agradecidas por la constitución de esos organismos, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) denuncia que faltan recursos para que las entidades del Gobierno mexicano sean capaces de investigar los más de 120 casos de emigrantes que han recibido hasta la fecha.

En septiembre de 2016, la unidad creada para investigar los delitos contra los emigrantes contaba solo con cinco agentes de la Procuraduría General de México y dos policías de investigación, según denunció WOLA en un reciente informe.

Las organizaciones estiman que decenas de miles de emigrantes sufren abusos en su camino hacia Estados Unidos.

De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) de México, al menos 175 emigrantes desaparecieron entre enero de 2015 y enero de 2016, mientras que 21.000 emigrantes sufrieron secuestros en México entre 2008 y 2009, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Mientras el Gobierno mexicano se suma a la búsqueda, las familias siguen tocando puertas en Centroamérica, México y Estados Unidos con la esperanza de poder reconocer un día entre la bruma de las cárceles y los burdeles la sonrisa de un hermano, padre o hijo desaparecido.

Beatriz Pascual Macías

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