Todos los huérfanos por violencia contra la mujer, más cerca de cobrar pensiones

El Congreso ha aprobado hoy por unanimidad garantizar una pensión de orfandad a los hijos de víctimas de violencia de género y de madres asesinadas por cualquier otro tipo de violencia contra la mujer, ayudas que tendrán efecto retroactivo desde 2004.

Lo ha decidido la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Cámara baja, que ha aprobado con competencia legislativa plena (ahora tiene que ir al Senado) el acuerdo alcanzado el pasado el 30 de octubre por los grupos.

El texto de la proposición de ley que ha salido adelante con 35 votos a favor (se han rechazado las enmiendas de Unidos Podemos y PP al informe de la ponencia) cambia el título y pasa a denominarse ahora “Mejora de la pensión de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer”.

Se trata de una iniciativa que fue presentada por el PSOE y hoy la diputada socialista Rocío de Frutos ha expresado el “orgullo” por una norma que crea “una prestación nueva” dentro del Sistema de protección de la Seguridad Social.

De frutos ha agradecido el apoyo a la iniciativa de todos los grupos y ha recalcado que se ha reconocido el carácter retroactivo de esta prestación.

Además, ha manifestado el compromiso del Gobierno de extender la norma a otros menores con “orfandad absoluta”, como han pedido varios partidos, ya que en el plazo de tres meses se dará a conocer un informe sobre ello.

La diputada del PP María Dolores Alba ha afirmado que votaban a favor de la iniciativa porque se había mejorado gracias a los acuerdos transaccionales a los que se han llegado en la tramitación, pero ha criticado que no se haya incluido en esta propuesta una pensión a los casos de menores en “orfandad absoluta”.

Así, Alba ha pedido que se dé una protección social a los menores que se quedan sin madre y sin padre en otros casos, por ejemplo, en un accidente de tráfico.

Ha acusado a los socialistas de crear “huérfanos de primera y segunda” y ha anunciado que el PP va a presentar una proposición de ley para regular ese tipo de situaciones.

Isabel Franco (Unidos Podemos) también ha criticado que no se integre a los hijos de mujeres asesinadas “en casos diversos” como en el de La Manada si hubiera sido asesinada la víctima o los hijos de las mujeres asesinadas tras ser raptadas por desconocidos para ser violadas.

Carles Campuzano (Compromís) ha apuntado asimismo la necesidad de proteger a todos los menores huérfanos y ha confiado en que dicha situación se mejore en el Pacto de Toledo.

Íñigo Barandiarán (Grupo Vasco) ha expresado su apoyo a la iniciativa socialista al igual que Sergio del Campo (Ciudadanos), que ha dado la enhorabuena a las ponentes de la ponencia.

Sobre la necesidad de haber aprovechado la situación para ampliar la protección a las situaciones de “orfandad absoluta”, Ciudadanos ha reconocido el compromiso del Ejecutivo de informar sobre ello dentro de tres meses.

En el acuerdo se ha establecido una prestación mínima de unos 600 euros -ahora son 140- para los hijos de víctimas que no hubieran cotizado o no cumplieran los requisitos mínimos -500 días en los últimos 5 años-.

Para los huérfanos que sí perciben esta prestación se les aumenta del 52 al 70 % el cálculo de la base reguladora de las madres, con lo que se asegura que reciban ese mínimo de 600 euros al mes.