Una indígena mexicana queda libre tras siete años de prisión por un proceso injusto

Tras pasar siete años encerrada en una cárcel por haber sido acusada del homicidio de su bebé recién nacido, la indígena mexicana Adriana Manzanarez salió hoy del penal después de que la Corte Suprema ordenara su libertad por las numerosas irregularidades que se cometieron en su proceso.

Un pulmón de un bebé neonato partido en cuatro, flotando sobre el agua de una cubeta, fue la prueba que llevó a la cárcel a esta joven, que hoy tiene 27 años y que estaba condenada a 22 años de prisión.

Es la conocida como “docimasia pulmonar”, una prueba no científica para saber si unos pulmones han respirado antes de morir y que presuntamente demostró que Manzanarez había matado a su bebé, al que parió prematuramente tras siete meses de gestación.

“Con esta prueba no científica están encarcelando a mujeres, mayoritariamente pobres que no se pueden defender. Cortan el pulmón en cuatro, lo echan en una cubeta y si flota quiere decir que nació vivo, ergo las mujeres lo mataron”, dijo a Efe Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres, organización que ha llevado la defensa de Adriana.

“Es una prueba de hace 2.000 años, como si la ciencia no hubiera avanzado”, insistió.

La letrada hizo estas declaraciones minutos después de saber que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por unanimidad, ordenó la “inmediata y absoluta libertad” de esta joven indígena, perteneciente a la etnia tlapaneca, que fue condenada por el delito de homicidio en razón del parentesco.

“Los señores ministros (de la corte) decidieron otorgar el amparo en virtud de diversas violaciones al debido proceso, entre la que destaca la ausencia de un intérprete que conociera su lengua y entendiera su cultura y cosmovisión”, agrega la SCJN en un comunicado.

Además, se determina que “la sentencia recurrida adolecía de suficiencia probatoria, tanto en lo que hace a la comisión del delito, como a la responsabilidad”.

Según explicó la abogada Cruz, pese a que la respuesta de la corte ha sido favorable, se ha tardado “una eternidad”, dos años y tres meses, en resolver este amparo porque “se trataba de una mujer indígena, no de una mujer francesa (refiriéndose a Florence Cassez), en la que resolvieron en cuatro meses”.

La vida de Adriana no ha sido fácil. Originaria del municipio de El Camalote, estado sureño de Guerrero, se quedó embarazada de un hombre casado cuando ya tenía dos hijos y mientras su marido estaba en Estados Unidos.

Al saber del embarazo, su esposo regresó y comenzó la pesadilla de la joven: constantes palizas tanto del marido como de su padre y de la propia comunidad, quienes le hicieron un juicio y la apedrearon públicamente por adúltera, palizas que “muy probablemente” provocaron el adelanto del parto, dijo Cruz.

Parió sola en casa y siempre sostuvo que el bebé nació muerto. Cuando su familia descubrió que ya no estaba embarazada le aplicaron la “justicia comunitaria”, que aún existe en algunos pueblos indígenas mexicanos y que “el ministerio publico tomó sin investigar”.

“Los prejuicios morales que operaron en su caso fueron el ser mujer y haberle sido infiel a su esposo. En su momento metieron en la cárcel a los dos (al padre del bebé muerto), pero a él, por ser hombre, lo liberaron y ella se quedó”, declaró Cruz.

Puesto que pasó siete años de injusta condena, la abogada dijo que Manzanarez podría pedir una indemnización por los daños causados, pero reconoció que “siempre es muy difícil en estos casos”.

“Las mujeres -agregó- lo menos que quieren es estar envueltas de nuevo en un caso de tribunales y lo único que quieren es recuperar su vida”.

Aunque, en el caso de esta joven, será complicado recuperarla, porque lo que no quiere es volver a lo que tenía, sino empezar de nuevo.

“El de Adriana es un caso muy complicado porque ni quiere ni puede regresar a su comunidad con su familia y hay que reconstruirle totalmente la vida. Tendremos que ser las organizaciones las que la ayudemos porque el Gobierno no lo va a hacer”, afirmó la abogada.

Poco después de conocerse la decisión del máximo tribunal mexicano, la indígena salió del penal de la ciudad de Chilpancingo donde estaba recluida, y en sus primeras declaraciones, al canal ForoTv, dijo que le habían “quitado siete años de vida”.

“Demasiados años. Fueron siete años, no fue un día ni una hora, me quitaron 7 años de vida y con mis hijos”, dijo.

El caso de Adriana no es el único. En su organización, cuenta Cruz, ya han conseguido liberar a seis mujeres pero han calculado que hay 157 purgando condenas similares, por homicidio en grado de parentesco, cuando en realidad sus únicos delitos son haber tenido un aborto espontáneo.