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Un informe denuncia que la universalidad de la Sanidad está en "punto muerto"

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Un informe denuncia que la universalidad de la Sanidad está en "punto muerto"

La Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto de reforma sanitaria de 2012 (Reder) ha analizado la situación de la Sanidad tras la reforma emprendida por el Gobierno y denuncia que, a pesar de la modificación, la universalidad en la asistencia sanitaria se encuentra hoy en día "en punto muerto".

Así lo señala en el informe "No dejar a nadie atrás", elaborado por Reder, que aglutina a más de 300 organizaciones sociales y profesionales como la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), Médicos del Mundo, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) o la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FDASP), entre otras.

En él, estas organizaciones reclaman al Ejecutivo la adopción de un reglamento que armonice la aplicación del real decreto 7/2018 en todo el territorio, garantizando el acceso a la atención sanitaria en igualdad de condiciones a todas las personas independientemente de su comunidad autónoma de residencia.

Así lo exigen tras comprobar que casi después de tres meses desde su aprobación y más de un mes después de su convalidación ante el Congreso, el real decreto "sigue sin aplicarse" y "la ambigüedad de algunos de sus preceptos está dando lugar a que en algunas autonomías se estén imponiendo interpretaciones restrictivas".

Reder advierte en su informe de la existencia de "importantes lagunas", ya que la nueva ley no homogeniza el procedimiento ni los requisitos para poder obtener la tarjeta sanitaria y tampoco asegura la asistencia a menores de edad, mujeres embarazadas y otros colectivos especialmente vulnerables, o la atención en urgencias.

"La universalidad en la asistencia sanitaria promulgada por el Gobierno se encuentra hoy en un punto muerto", denuncia Reder tras señalar que en algunas comunidades incluso se han producido algunos retrocesos.

En concreto, las organizaciones hablan de Madrid y Murcia como dos de las CCAA en las que más dificultades para conseguir atención se han registrado en el último trimestre y el caso de Galicia, donde aunque se ha rebajado la exigencia de empadronamiento de 6 a 3 meses, "se siguen poniendo todo tipo de barreras a las personas migrantes que no tienen la documentación en regla, incluso derivándoles a la sanidad privada".

Así, aunque el informe valora la aprobación del real decreto 7/2018, lamenta que la nueva ley no armoniza el procedimiento ni los requisitos para poder obtener la tarjeta sanitaria y reclama la aprobación por parte del Ejecutivo de un reglamento que lo desarrolle.

Cree que el retraso en hacerlo está provocando la existencia de 17 coberturas sanitarias distintas, una por cada comunidad autónoma y la barrera del empadronamiento, ya que la mayoría de las CCAA exigen 3 meses de empadronamiento para poder acceder al sistema sanitario público, cuando ese requisito no figura en la ley.

Reder denuncia, asimismo, que la ley no especifica que los colectivos más vulnerables -como embarazadas, menores de 18 años, víctimas de trata, solicitantes de asilo y personas que requieran atención en urgencias- deben recibir atención en cualquier circunstancia.

También advierte de que los requisitos administrativos que se exigen para acceder al sistema público de salud son a menudo imposibles de cumplir y que incluso se pide a algunas personas que regresen a sus países de origen para conseguir esa documentación.

Además, recuerda que las personas ascendientes reagrupadas -madres y padres de migrantes regularizados que han llegado a España a través de un proceso legal- siguen sin recibir la tarjeta sanitaria.

"El Gobierno no puede aplazar más la adopción del reglamento que armonice la aplicación del RDL en todo el territorio, garantizando el acceso a la atención sanitaria en igualdad de condiciones a todas las personas independientemente de su situación administrativa o su comunidad autónoma de residencia", concluye el informe.

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