Los inspectores educativos exigen más independencia para evitar intromisiones

Los inspectores de educación quieren contar con más independencia para evitar las “intromisiones políticas e intereses arbitrarios”, un tema que centrará esta semana el encuentro nacional de estos profesionales, en plena polémica por los supuestos casos de adoctrinamiento en colegios catalanes.

Es una de las peticiones hechas por la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) con motivo de organizar el XVIII Encuentro Nacional de Inspectores de Educación, en Alcalá de Henares (Madrid), del 25 al 27 de octubre.

Este sindicato pide más autonomía, tanto técnica como profesional, para que “realmente puedan cumplir sus funciones y atribuciones encomendadas” por ley.

Pero se da la circunstancia de que con el conflicto secesionista de Cataluña la figura del inspector educativo ha saltado a la palestra política, pues diversos partidos políticos han anunciado su intención de impulsar medidas relacionadas con ellos.

Así, Ciudadanos propuso el pasado miércoles la creación de la Agencia Independiente de la Alta Inspección Educativa, que asumiría las funciones de la actual Alta Inspección Educativa, con el fin de evitar, entre otras cosas, el adoctrinamiento en las aulas.

La proposición de ley de la formación naranja se producía después de que el Congreso rechazara impulsar distintas medidas contra el adoctrinamiento político en los centros escolares de Cataluña, además de en los de Baleares y Comunidad Valenciana, denunciado precisamente por Ciudadanos.

De momento, el Ministerio de Educación se ha dirigido hasta en dos ocasiones (27 de septiembre y 5 de octubre) a la Generalidad de Cataluña para investigar unas actuaciones acaecidas en centros educativos contra menores con motivo del 1-O.

Por ejemplo, en un colegio de los jesuitas del Clot (Barcelona), se escenificó un cuento para niños de 7 años donde se presenta un “final feliz” consistentes en que “se mata el rey y a los policías malos”.

La Asociación de Inspectores de Educación de Cataluña salió al paso negando la semana pasada las acusaciones de adoctrinamiento en las aulas al igual que hizo la subdirección general de la Inspección de Educación de la Generalitat, que ensalzó la labor de los docentes catalanes y el respeto a la pluralidad en las escuelas.

Y el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, dijo que hablar de “adoctrinamiento” es “faltar al respeto”.

Por su parte, el PP ha registrado también una proposición no de ley para reforzar la inspección educativa y defiende que cualquier acuerdo educativo debe pasar por el pacto en el que se trabaja.

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, coincide en abogar por reforzar las funciones de la Alta Inspección -“que actúa cuando suceden hechos concretos, no genéricos, para investigarlos”- en el marco del pacto.

También está previsto que en el encuentro de inspectores organizado por USIE se hable precisamente del pacto educativo defendiendo que dicho acuerdo “no es un fin, sino un medio para alcanzar una mejora de la calidad del sistema en su conjunto”.

Los trabajos del pacto educativo tienen como fin consensuar un texto que sirva de base para desarrollar un nuevo texto legal que sustituya a la Lomce.

Tanto en la Lomce como en la anterior ley, la LOE, se recoge la inspección educativa, señalando por un lado que la Alta Inspección educativa corresponde al Estado para garantizar el cumplimento de las facultades que le están atribuidas en materia de enseñanza.

Observando el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, que fija el derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza.

La inspección educativa será ejercida por las Administraciones educativas a través de funcionarios públicos del Cuerpo de Inspectores de Educación.

Entre las atribuciones de estos inspectores se encuentran las de conocer directamente todas las actividades que se realicen en los centros, a los cuales tendrán libre acceso, y examinar y comprobar su documentación académica, pedagógica y administrativa.

En la Lomce se dice asimismo que “corresponderá a la Alta Inspección del Estado velar por el cumplimiento de las normas sobre utilización de lengua vehicular en las enseñanzas básicas”.

Precisamente esta semana, Esquerra Republicana defenderá en el Congreso una interpelación para defender el “éxito” del modelo educativo catalán, que garantiza el aprendizaje del castellano por parte de “todo el alumnado”.