Una integrante de del grupo Pussy Riot se declara en huelga de hambre en prisión

La encarcelada integrante del grupo punk ruso Pussy Riot, María Aliójina, se declaró hoy en huelga de hambre en protesta por no poder asistir a la vista judicial sobre la concesión de la libertad condicional.

Aliójina, que se encuentra internada desde octubre pasado en una penitenciaría para mujeres de la ciudad de Perm (Urales), anunció su decisión al tribunal Bereznikovski por videoconferencia, según las agencias rusas.

La presa había solicitado al tribunal permiso para participar en la vista, como ocurriera el mes pasado con la otra encarcelada integrante de Pussy Riot, Nadia Tolokónnikova, que se encuentra en una prisión de la república de Mordovia.

Seguidamente, anunció que se niega a tomar parte en la vista a distancia e incluso prohibió a su abogado que participe en la vista, tras lo que el juez aplazó la sesión hasta mañana, jueves.

Antes, el tribunal también había rechazado la solicitud de Aliójina de impugnar al juez, Mijaíl Shagálov, al que la joven acusó de tener una actitud preconcebida hacia ella.

La dirección de la penitenciaría de Perm se mostró ayer terminantemente en contra de la libertad condicional para Aliójina, aduciendo su mal comportamiento y su violación del reglamento carcelario.

Aliójina ha tenido problemas con los funcionarios de prisiones desde que ingresara entre rejas y, de hecho, fue internada en una celda de castigo por levantarse tarde.

Además, en una entrevista con el periódico “Nóvaya Gazeta”, Aliójina confesó que temía por su vida tras recibir amenazas de muerte de varias presas que cumplen largas penas por asesinato y tráfico de drogas.

Hace un mes la Justicia ya negó la libertad condicional a Tolokónnikova, que al igual que Aliójina cumple dos años de cárcel por “gamberrismo motivado por odio religioso” tras escenificar en febrero de 2012 una plegaria punk en el principal templo ortodoxo ruso.

Ambas mantienen su inocencia e insisten en que su acción en la catedral de Cristo Salvador de Moscú tenía fines políticos y no estaba dirigida contra los creyentes ortodoxos.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha respaldado en varias ocasiones la pena de cárcel, mientras el primer ministro, Dmitri Medvédev, considera que las jóvenes ya han pagado con creces su culpa.