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Hermetismo y opacidad en la gestión de los CIE

El 15 de junio se celebran diversos actos para reclamar el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros

El Ministerio del Interior prohibió la entrada al CIE de Aluche a los juristas que estaban realizando un estudio financiado por el Ministerio de Ciencia y la universidad pública

Las cifras de Interior "manejan conceptos equívocamente" que llevan a pensar que la mayoría de los internos han cometido delitos, según los investigadores

Más del 90 por ciento de las internas del CIE de Madrid no había cometido ningún delito

Más del 90 por ciento de las internas del CIE de Madrid no había cometido ningún delito

"#UnCIEes el dispositivo para generar políticas del miedo" escribe en Twitter @rebelda4. "#UnCIEes una institució que tancarem i passarà als llibres d'Història, juntament amb el Camps de Concentració" publica la cuenta @TanquemElsCIEs.

Ese hashtag, así como #15jCIEsno, forma parte de una campaña ciudadana viral para visibilizar la existencia de los Centros de Internamiento de Extranjeros y reclamar su cierre. "Terrorismo de estado contra el más débil" opina @LoretoCastaedo y "un Guantánamo español", ‏@SantiDemajo. Este sábado 15 de junio se realizan acciones descentralizadas a las que cualquier persona o colectivo puede sumarse, que van desde explicar a la familia lo que es un CIE hasta organizar un pasacalles o empapelar el barrio.

Gracias a las diferentes organizaciones que trabajan con los retenidos y sus familias, así como a los recientes informes externos y trabajos de investigación, la sociedad se va haciendo una idea real de qué es un CIE, mucho más allá de las generalidades que aporta el Ministerio del Interior. De los diez derechos que asisten a los extranjeros internados, existen casos documentados de incumplimiento de la mayoría de ellos.

Algunos ejemplos: Samba Martine murió en el CIE de Aluche sin que el servicio médico le diagnosticara como portadora del VIH; Noura, ciudadana marroquí residente en Orihuela, denunció abusos sexuales por parte de la policía en el CIE de Zapadores (Valencia), en el año 2010; cuatro menores de origen argelino internados en Zapadores en abril de 2012 fueron golpeados a media noche por un policía nacional en cara, cuello, torso y brazos mientras les gritaba, sin que las víctimas pudieran entender pues no hablaban castellano [fuente de ambos casos: informe ¿Cuál es el delito?]; Pueblos Unidos documenta agresiones policiales en octubre y noviembre de 2012 así como una "estafa policial" a un interno. Según el Ministerio del Interior, "Recibir asistencia médica y sanitaria adecuada" o "que se vele por el respeto a su vida, integridad física y salud, sin que puedan en ningún caso ser sometidos a tratos degradantes o a malos tratos de palabra o de obra y a que sea preservada su dignidad y su intimidad", son derechos reconocidos a los internos.

Con la llegada de las nuevas cabezas estratégicas a este Ministerio a principios de 2012 –Francisco Martínez como secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Cosidó como director general de la Policía y Carlos de Abella como director general de Relaciones Internacionales y Extranjería–, el acceso de observadores e investigadores a los CIE, en concreto al de Aluche (Madrid), se ha dificultado.

La investigación independiente más reciente, realizada por juristas de las universidades madrileñas Complutense, Rey Juan Carlos y Autónoma, se inició a finales de 2011 con entrevistas a internas en el CIE de Aluche y fue bruscamente interrumpido en marzo de 2012, cuando el director del centro les comunicó que no podían continuar porque "los nuevos responsables de Interior no habían dado el visto para ello".

Este equipo, dirigido por la catedrática de Derecho Penal Margarita Martínez Escamilla, no consiguió ninguna otra respuesta del Ministerio, hasta la fecha, para proseguir con las entrevistas, un año y tres meses después. Tampoco pudo visitar el mismo CIE eldiario.es, tras haber sido invitado por CEAR y SOS Racismo, para acompañar la comitiva de varios europarlamentarios. El Ministerio dejó fuera de esta visita a las ONG mencionadas, que en otras ocasiones sí habían visitado el CIE con diputados españoles y europarlamentarios.

Al estudio dirigido por Martínez Escamilla le interesa más las circunstancias y razones de las personas privadas de libertad y confinadas en los CIE que las condiciones del internamiento. Y arroja luz sobre ellas con perspectiva de género, concluyendo que sólo en un 6,66 por ciento de los casos el internamiento de las mujeres en el CIE de Madrid estaría relacionado con comportamientos delictivos. "Se hace un uso abusivo del internamiento", dicen los juristas y aportan que "existen bastantes indicios de que en la actualidad la intervención de los Jueces de Instrucción que han realizado el internamiento y la del Ministerio Fiscal no están suponiendo una auténtica garantía de la libertad de estas personas".

Los investigadores interpretan en "Mujeres en CIE. Género, inmigración e internamiento" que "no existen datos que avalen la afirmación oficial de que la mayoría de los internados en CIE lo son por haber cometido delitos", lo que constituiría un "falso discurso oficial".

En la presentación de este informe, Margarita Martínez declaró que hay "una gran cutrez, una gran chapuza, una falta de rigor total y absoluto en la comunicación de las cifras" por parte del Ministerio del Interior y que "se manejan conceptos equívocamente". Interior publica anualmente el "Balance de la lucha contra la inmigración". En el del año 2012 se afirma que un 87 por ciento de las expulsiones serían "expulsiones cualificadas", es decir, que traen causa en la comisión de delitos. Según el citado informe, "estos balances inflan artificialmente el porcentaje de expulsiones cualificadas", al excluir del cómputo general de internados "las expulsiones por intentar entrar irregularmente o vulnerando una prohibición de retorno". Contabilizando este tipo de expulsiones, las llamadas "cualificadas" o por comportamiento delictivo, bajarían al 49,46 por ciento.

A la hora de explicar qué es una "expulsión cualificada" el Balance de Interior se acuerda de los antecedentes penales y judiciales, del terrorismo, de las bandas organizadas, de la violencia de género o de otros delitos graves para la seguridad pública. "Una aseveración carente de fundamento" señalan los juristas, "pues las expulsiones penales se aplican también a penas leves" como las derivadas por no poder pagar una multa impuesta. "Estas inexactitudes promueven la identificación de las personas 'sin papeles' con la delincuencia grave, identificación que por razones obvias debería evitarse".

Las trabas para continuar con esta investigación por parte de la dirección del Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid y de los responsables del Ministerio del Interior ponen de manifiesto, según sus autores, "el hermetismo y la opacidad que preside la gestión de los Centros de Internamiento, también respecto a proyectos académicos con apoyo institucional" como es "Mujeres en el CIE", que forma parte del proyecto Iusmigrante, del Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación.


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