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La justicia paraliza la privatización de hospitales en Madrid

El Tribunal Superior de Justicia suspende cautelarmente el proceso de adjudicación mientras reclama información a la Consejería de Sanidad

Investiga la modificación del aval económico a favor de las contratistas aspirantes tras una demanda del Partido Socialista

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Protesta contra la privatización de hospitales

La justicia paraliza provisionalmente la privatización de hospitales en la Comunidad de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia ha decretado la suspensión de todo el proceso de adjudicación de seis centros a empresas privadas para recabar información acerca de algunos extremos del concurso. La decisión es ya efectiva y responde a una petición del Partido Socialista de Madrid de medidas "cautelarísimas" para "suspender provisionalmente la ejecución de la resolución de 30 de abril de 2013 de la Viceconsejería de asistencia sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid". La denuncia del PSM hacía referencia al cambio de condiciones en las cláusulas del concurso con la idea de hacerlo más favorable para las potenciales contratistas y, de esa manera, más atractivo para que se hicieran ofertas. La Comunidad de Madrid ha contestado que el asunto está "en los servicios jurídicos".

En concreto, la cláusula más destacada que se modificó con el proceso ya en marcha fue la del aval que las adjudicatarias deberían depositar. Una cantidad económica que pasó de ser el 5% del contrato total al que aspiraran -que multiplica una cantidad anual por 10 años- por el 5% de una sola anualidad. Era una condición que las empresas del sector veían como "obligatoria" para poder plantearse acceder a la subasta.

Estas medidas urgentes que pidieron los socialistas y que el tribunal ha aceptado, supone que todo el concurso quede en el aire, al menos durante unas jornadas. Su carácter excepcional viene dado, además, por el hecho de que ni siquiera se aguarde al testimonio de la parte demandada para tomar una decisión acerca de la suspensión cautelar. A partir de ahora, según el auto judicial, "se ha dispuesto dar audiencia a la Administración demandada para que en el plazo de diez días presente alegaciones respecto de la medida cautelar solicitada por la parte demandante". De esta manera, la Consejería de Sanidad no puede en estos momentos firmar ningún acuerdo ni formalizar contrato alguno con las empresas a las que ya había escogido ceder la gestion médica de los seis hospitales. Así, Ribera Salud, Hima San Pablo y Sanitas quedan a la espera e incluso son susceptibles de ser citados por los magistrados para recabar datos sobre el proceso ahora investigado y paralizado.

Más procesos legales

Este auto afecta al segundo proceso de privatización sanitaria en Madrid. Se une, dentro de la batería de acciones legales que pende sobre la adjudicación a empresas de partes del servicio público sanitario, a la citación judicial que deberá atender la cúpulo de la consejería (actual y pasada) que llevará a declarar a partir de septiembre a la viceconsejera de Sanidad, Patricia Flores, el director general Antonio Burgueño y los ex consejeros Manuel Lamela y Juan José Güemes, por la primera oleada de privatización en la la comunidad.

"No hay un plan B"

La Consejería de Sanidad de Madrid no se da por aludida y ni siquiera tiene un "plan b" tras la paralización cautelar. "No trabajo sobre esa hipótesis", ha asegurado el consejero responsable, Javier Fernández Lasquetty, obligado por la decisión judicial a salir a dar alguna explicación. Tras conocerse el auto del Tribunal Superior de justicia que suspende la privatización, Sanidad se había limitado a subrayar que "está en manos de los servicios jurídicos". 

Pero según iba creciendo la bola que ha provocado el TSJM y al salir el secretario general de los socialistas madrileños Tomás Gómez a comentar la decisión ("es algo muy importante", ha acertado a calificar Gómez), Lasquetty ha salido a la palestra para limitarse a decir que "el tribunal no ha entrado al fondo de la cuestión". Ese fondo es sobre el que el Partido Socialista interpuso la demanda y pidió la medida cautelar de suspensión: la modificación del concurso de privatización cuando ya estaba en marcha y publicado para abaratar el aval económico pedido a las contratistas. La cantidad económica pasó del 5% del contrato total (de diez años) al 5% anual (de un año) lo que rebaja la exigencia un 90%. Lasquetty ha despachado la cuestión así: "No se han cambiado las condiciones del contrato, sino que se ha corregido un error". Y luego ha avanzado que "tenemos muchas y muy bien fundadas razones para defender el proceso, y las daremos al TSJ incluso antes de 3 días", que es el plazo establecido.

Así que, el Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene intacta su voluntad de ceder a las empresas Ribera Salud, Hima San Pablo y Sanitas la gestión sanitaria de seis hospitales. El proceso está bajo investigación judicial y paralizado por lo que, en este momento, Sanidad no puede avanzar en la formalización  de contratos y traspaso de gerencias. Lasquetty ha contado que "la Consejeria de Sanidad no se ha puesto en contacto con las empresas tras conocer el auto".

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