La ONU muestra su preocupación por los embarazos de menores en Bolivia

La Paz, 1 oct (EFE).- Bolivia registró 953 embarazos en menores de 15 años entre enero y julio de este año, a razón de cuatro casos por día y la mayoría producto de violencia sexual ejercida por agresores del entorno familiar, situación que preocupa al Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

El organismo dio a conocer este jueves en un comunicado esos datos extraídos del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) del Ministerio de Salud de Bolivia.

En los primeros siete meses del año también hubo 18.280 embarazos de adolescentes de 15 a 19 años, con lo que la cifra total llega a 19.233 casos, es decir, 90 embarazos de menores por día, según la misma fuente.

Los datos corresponden a los registros realizados por centros de salud durante los controles prenatales.

“Si consideramos el contexto de la pandemia (de la COVID-19), de seguro hay un subregistro mayor de los casos de niñas que no asistieron a un control prenatal”, señaló la representante adjunta del UNFPA en Bolivia, Celia Taborga, citada en el comunicado.

Taborga manifestó que son cifras de alta preocupación e hizo un llamado a “reforzar los esfuerzos de prevención para que se garantice el funcionamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes en todos los niveles de gobierno”.

También instó a una promoción de la “educación integral de la sexualidad desde casa, en el contexto de la pandemia por el COVID-19”.

La región boliviana con más embarazos en menores de 15 años es la amazónica Beni, con 219 casos, seguida por la oriental Santa Cruz con 215, la central Cochabamba con 147 y La Paz con 146, según los datos del SNIS.

Santa Cruz, Cochabamba y La Paz son las regiones más pobladas de Bolivia, mientras que Beni es una de las que menos, con cerca de medio millón de habitantes.

Otros 65 casos se registraron en Potosí, 46 en Tarija e igual número en Chuquisaca, y 28 en Oruro, detalla el comunicado.

Hace unos días la Defensoría del Pueblo instó a los niveles estatales central, departamental y municipal a asegurar el cumplimiento de un plan para la prevención de los embarazos en adolescentes y jóvenes para el periodo 2015-2020 y proyectar una nueva política que se ponga en marcha a partir de 2021.