El Boletín Oficial de Defensa publicará la reincorporación del guardia civil de 'la manada' pero no le asignarán destino

El Ministerio de Defensa ha informado de que este martes, día 17 de julio, el Boletín Oficial de la Defensa (BOD) publicará la reincorporación al servicio del guardia civil Antonio Manuel Guerrero “por imperativo legal”, aunque al miembro de 'La Manada' no se le asignará destino, tal y como ya publicó eldiario.es.

De esta forma, se aplica el mismo procedimiento, de acuerdo en este caso a la Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil, que con el militar también miembro de 'la Manada' Alfonso Jesús Cabezuelo.

En un comunicado, Defensa explica que se ve obligada a la reincorporación según lo dispuesto en los artículos 88.2 y 92.2 de la Ley 29/2014. “En el caso concreto del guardia civil se sigue aplicando la resolución ya adoptada el 29 de julio de 2016 por el director de este Cuerpo de no otorgarle ningún destino mientras no se dicte sentencia firme o auto de sobreseimiento también firme”, asegura el Ministerio.

Sin embargo, desde la Guardia Civil aseguraron a esta redacción que tomarán esta decisión amparados en el el artículo 92.3 del Régimen del Personal de la Guardia Civil que permite al máximo responsable acordar por “resolución motivada” impedir que solicite y obtenga destino hasta que la sentencia sea firme o haya un auto de sobreseimiento.

Antonio Manuel Guerrero, uno de los cinco sevillanos integrantes de 'La Manada' condenado a nueve años por abusar sexualmente de una joven de 18 años durante los Sanfermines de 2016, se encuentra en situación de “activo sin destino”, por lo que cobra el sueldo base a la espera de que la sentencia sea firme.

Ese mismo día el Ministerio de Defensa informó de que no asignaría destino al militar Alfonso Jesús Cabezuelo aunque se había levantado su situación de suspensión de servicio y había vuelto a estar en activo, algo que “no se podía evitar” de acuerdo a la ley.

Expediente disciplinario

La Guardia Civil abrió a Antonio Manuel Guerrero, agente en práctica de 29 años, un expediente disciplinario después de que fuera detenido por participar en esta agresión grupal junto a un grupo de amigos. En base a ese expediente, según informaron desde el Instituto Armado, este miembro de 'la Manada' fue suspendido de empleo.

El Régimen Disciplinario de la Guardia Civil contempla seis tipo de situaciones administrativas: servicio activo; servicios especiales; excedencia; suspensión de empleo; suspensión de funciones y reserva.

En el caso de Antonio Manuel, fue condenado también por robar el móvil de la joven tras la agresión sexual, tal y como reconoció en el juicio, por lo que se le ha atribuyó un delito leve de hurto, que supone una pena de dos meses de multa a 15 euros por día. El tribunal tiene también pendiente confirmar si lo mantiene en libertad, como al resto de miembros de 'La Manada', tras personarse en una oficina de la Policía en Sevilla de expedición del pasaporte.

Fuentes de la Guardia Civil explican que, desde el momento en el que la sentencia por la agresión sea firme, se abre un procedimiento reglado en el que un oficial del Instituto Armado es designado como instructor. Junto a un secretario tienen que valorar la infracción que ha cometido este guardia civil a efectos de aplicar la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario 12/2007.

Antonio Manuel se arriesga a ser sancionado por una falta muy grave. La resolución que se adopte será firmada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, a propuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, según detallan las citadas fuentes conocedoras de este tipo de procedimientos.

En el artículo 7.13 de Régimen Disciplinario se regula la sanción para quien “comete un delito doloso condenado por sentencia firme, relacionado con el servicio, o cualquier otro delito que cause grave daño a la Administración, a los ciudadanos o a las entidades con personalidad jurídica”.

“Las sanciones disciplinarias”, dice el Régimen de la Guardia Civil, “tienen por finalidad la corrección de comportamientos perjudiciales para el servicio o para los ciudadanos, o lesivos para el funcionamiento de la Institución”. En los casos de faltas muy graves, la sanción prevista va desde la separación del servicio a la suspensión de empleo desde tres meses y un día a un máximo de seis años; o pérdida de puestos en el escalafón.