La Ley de Responsabilidad Ambiental ahorrará 1.410 millones para las PYMES

El Congreso de los Diputados debate hoy la reforma de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, que supondrá un ahorro de más de 1.410 millones de euros para las pequeñas y medianas empresas y ampliará el daño ambiental a las aguas marinas.

El Proyecto de Ley, que cuenta con un único artículo con doce apartados y tres disposiciones finales, busca simplificar y mejorar la aplicación del marco normativo para PYMES o empresas familiares que realizan actividades sin incidencia ambiental.

Pero la futura norma, que defenderá en el Pleno el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, sí mantiene la exigencia de garantías financieras para las actividades de mayor riesgo ambiental.

Según el Ejecutivo, no tiene sentido exigir este seguro previo a actividades que difícilmente van a causar daños ambientales, como una panadería, un estudio de música o actividades de jardinería.

Aunque este tipo de empresas de bajo riesgo estén eximidas de afrontar la garantía financiera, la ley sí les obligará a reparar los posibles desperfectos que causen en el desarrollo de su actividad.

Concretamente quedarán exentos aquellos operadores cuyas actividades sean susceptibles de ocasionar daños cuya reparación se evalúe por una cantidad menor a 300.000 euros.

Las empresas sometidas a la autorización ambiental integrada sí estarán obligadas a tener la citada garantía.

Este mecanismo obliga a los operadores económicos recogidos en la ley a realizar un análisis de riesgos y a contratar, en base a los datos obtenidos, este seguro, que tiene un importe máximo de 20 millones de euros.

En caso de que el daño ambiental causado sea superior a esta cantidad, la compañía seguirá siendo responsable y tendrá que afrontar igualmente los costes, por lo que, según el Ejecutivo, se refuerza, según la directora, el principio de “quien contamina, paga”.

En cuanto a la ampliación del daño ambiental a la aguas marinas que introduce la reforma de esta ley, se trata de adecuar la norma española a la directiva europea sobre la seguridad de las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro.