El matrimonio homosexual en Alabama, en vilo pese a la decisión del Supremo

La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de legalizar el matrimonio entre homosexuales en Alabama, este lunes, se ha topado con una notable oposición en el estado, donde los funcionarios de la mayoría de los condados se niegan a emitir licencias a las parejas del mismo sexo.

Al menos 44 de los 67 condados de Alabama se negaban hoy a otorgar licencias de matrimonio, ya fuera solo a las parejas de homosexuales o también a las de heterosexuales, en medio de una fuerte resistencia a permitir las uniones gais en ese estado de tradición conservadora.

La oposición radica en una orden emitida el domingo por el presidente del Tribunal Supremo de Alabama, el republicano Roy Moore, que instruyó a los jueces estatales a no emitir licencias matrimoniales.

Esa orden llegó en la víspera de que entrara en vigor la orden emitida en enero por la jueza federal Callie Granade, que revocó la prohibición vigente en Alabama sobre las bodas entre homosexuales por considerarla inconstitucional.

El lunes, el Supremo dio la razón a Granade al rechazar una petición del fiscal general de Alabama para bloquear la inminente celebración de bodas entre personas del mismo sexo en el estado.

No obstante, un amplio número de los jueces encargados de las licencias matrimoniales en cada condado decidieron seguir las directrices de Moore, lo que ha generado incertidumbre sobre el futuro de las uniones entre homosexuales en el estado.

Cientos de parejas del mismo sexo han podido casarse ya en los 19 condados que sí conceden licencias a homosexuales, entre ellos los que incluyen algunas de las ciudades más pobladas, como Birmingham, Huntsville y Montgomery, según informó hoy el diario local AL.com.

En la práctica, las parejas de homosexuales pueden desplazarse a otro condado para casarse si el suyo no lo permite, pero muchas organizaciones que defienden los derechos de los gais se han indignado ante lo que consideran una abierta insubordinación de las autoridades locales a las órdenes de un tribunal federal.

La jueza federal Granade convocó hoy para este jueves una audiencia en la que escuchará argumentos para decidir si debe forzar a las autoridades del condado de Mobile a casar a las parejas gais.

El condado de Mobile, el segundo más poblado de Alabama, se ha convertido en el epicentro de las protestas de activistas y parejas de homosexuales que habían planeado casarse esta misma semana, cuando entraba en vigor la orden de la jueza federal.

Aunque el número de condados que conceden licencias ha crecido de los 12 de este lunes a los 19 actuales, el presidente del Supremo estatal se mantuvo hoy firme en su decisión y dejó clara su oposición ideológica al matrimonio gay.

“¿Esto se acaba con (la unión entre) un hombre y otro hombre o una mujer y otra mujer? ¿O luego pasarán a (permitir) matrimonios múltiples? ¿O matrimonios entre hombres y sus hijas o mujeres y sus hijos?”, indicó Moore en una entrevista con la cadena ABC News.

Por su parte, el gobernador de Alabama, el republicano Robert Bentley, ha asegurado que no mediará en el enfrentamiento entre las decisiones federales y locales.

“No tomaré acciones contra los jueces locales, porque eso solo serviría para complicar más este asunto. En Alabama se seguirá la ley, y permitiremos que el asunto del matrimonio entre homosexuales se dirima en los canales legales apropiados”, dijo Bentley en un comunicado el lunes por la noche.

Algunos analistas ven en el caos de Alabama un paralelismo con el episodio que vivió el estado en 1963, cuando el gobernador de entonces, George Wallace, se presentó en la puerta de la universidad estatal para impedir la integración racial en la institución académica, un desafío que pronto resolvió el Gobierno federal.

En este caso, la solución parece más difícil, y según expertos legales, podría llegar de un tribunal federal o, más probablemente, de la decisión que emita este año el Supremo federal sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional.

En enero, el Supremo anunció que evaluará en su actual periodo de sesiones, que finaliza en junio, si los 50 estados del país deben permitir la celebración de este tipo de matrimonios, una cuestión que había evitado en varias ocasiones.