Mayores y personas con discapacidad, frente común por sus derechos

Organizaciones de mayores y de personas con discapacidad han hecho un frente común para reclamar a las instituciones que se respeten sus derechos y su dignidad en la gestión sanitaria y social del coronavirus y han reclamado a la Fiscalía General del Estado y al Defensor del Pueblo su intervención para esclarecer “lo que está ocurriendo en algunas residencias y depuren responsabilidades”.

La fundación por los derechos humanos de las personas Mayores Helpage-España, la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, el Cermi y la Fundación Grandes Amigos han remitido sendos escritos a esas instituciones en las que exponen la discriminación y el trato inhumano que supone “que se tengan en cuenta criterios de edad para priorizar la atención sanitaria de los pacientes, en lugar de considerar criterios clínicos y otras circunstancias vitales de las personas, con independencia de la edad”.

“La epidemia está poniendo sobre la mesa la situación de precariedad de algunas residencias de mayores, ante lo que debemos exigir una intervención directa y rigurosa de las administraciones autonómicas, competentes en la materia”, señalan las organizaciones, que trasladan su “honda preocupación por la escasez de recursos de protección con que cuentan los servicios de atención a las personas (EPIS, pruebas diagnósticas) lo que puede originar el incumplimiento de los protocolos de actuación y atención en algunas residencias de personas mayores y la falta de respuesta de los servicios de ayuda a domicilio”.

“Pero esta falta de recursos suficientes, no justifica determinadas actuaciones que atentan contra los derechos humanos de las personas y los principios fundamentales de la bioética”, aseveran.

Para las organizaciones de mayores y de personas con discapacidad “muchos mensajes que se están difundiendo están trasluciendo, seguramente de manera incierta, discrecionalidad, si no arbitrariedad, a la hora de seleccionar a las personas en función de su edad en los centros sanitarios”.

Además, opinan que las informaciones “que se lanzan sobre la inevitable muerte de las personas mayores afectadas, está causando miedo y desprotección de los derechos humanos de las personas mayores”.

Ante esta situación, las organizaciones solicitan a la Fiscalía y al Defensor que “se inste a quien corresponda para esclarecer lo que está ocurriendo en algunas residencias y depuren responsabilidades, y se realice un informe con el resultado de las investigaciones y actuaciones oportunas”.

“Todo ello para que, a pesar de la gravedad de la crisis, se lleven a cabo prácticas sociales e institucionales que no abandonen la solidaridad, la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas mayores. Confiamos en su buen hacer y su implicación en esta ardua tarea, que como sociedad tenemos por delante para acabar con esta dura crisis”, concluyen.