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Monago patrocina un curso que pone como ejemplo de gestión turística una urbanización ilegal

El Supremo declaró ilegal el Complejo Marina Isla de Valdecañas, en Extremadura. \ www.isladevaldecanas.es

Raúl Rejón

La Junta de Extremadura no sólo se niega a ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegal la urbanización de lujo Marina de Valdecañas (Cáceres) sino que patrocina un curso que pone el complejo como ejemplo de iniciativa turística. Tanto es así que el presidente extremeño, José Antonio Monago (PP), será el encargado de inaugurarlo.

El Gobierno autonómico respalda, junto al Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata y la empresa Isla de Valdecañas, un curso de la Universidad de Extremadura titulado: Gestión de recursos hídricos y aprovechamientos turísticos. Este simposio incluye una sesión dedicada a Marina Isla de Valdecañas como punta de lanza en la estrategia turística extremeña.

Para hablar de la “apuesta por el turismo de embalses en Extremadura” se presenta a Julián Mora Aliseda, doctor en Geografía de la propia Universidad de Extremadura, que no es para nada ajeno al caso de este complejo levantado en terrenos protegidos. Ya en febrero de 2012, en su texto Proyecto Valdecañas y desarrollo sostenible, Mora sostenía que la situación creada por la primera sentencia en contra del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura era un “esperpento y auténtico dislate”.

Para Mora no hay “justificación científica” para la delimitación de Natura 2000 (la red europea de espacios naturales protegidos). Asegura que “se trazó sin ningún criterio riguroso, al ser realizada por grupos ecologistas”. Precisamente la asociación Ecologistas en Acción –que junto a Adenex llevó el proyecto ante los tribunales– recuerda que Mora realizó “otro informe a favor de Valdecañas por encargo de la Junta” en el que argumentaba que los pueblos insertos en zonas protegidas tienen “un 15% más de emigración”.

El documento, llamado Impacto socioeconómico de la demolición del complejo, se incluyó como estudio pericial en el recurso que el Gobierno de Monago presentó ante el TSJE para justificar que la sentencia no puede cumplirse. Mora es el encargado de dirigir el curso que se impartirá en la localidad cacereña del 15 al 17 de julio.

Después de este profesor universitario, el programa consigna la intervención de José María de Gea, el consejero delegado de la promotora del complejo Isla de Valdecañas. La empresa presentó en abril un preconcurso de acreedores ante las reclamaciones económicas de bancos y compradores para que se les devolvieran las cantidades adelantadas tras la sentencia del Supremo que impidió construir las últimas fases de la urbanización.

Para completar el ensalzamiento de este proyecto, el curso prevé realizar una “visita técnica” a la isla en un periplo en el que se la equipara con el Parque Nacional de Monfragüe.

Orden de desmantelarla

La urbanización Isla de Valdecañas es, simplemente, ilegal. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anuló el decreto del Gobierno autonómico que justificaba su edificación en terrenos protegidos en 2011. En febrero de este año fue refrendada por el Tribunal Supremo. Los magistrados ordenaban desmantelar lo que ya se conocía por entonces como la Marbella de Extremadura y restituir la isla a su estado anterior. Este hecho convierte los terrenos en no urbanizables.

Viendo el transcurso de las decisiones judiciales y mientras se resolvía el recurso en el Supremo, el Parlamento extremeño aprobó una modificación de la Ley del Suelo para que la inclusión en la Red Natura no conllevara ese estatus de no urbanizable. La Junta considera que la parte de la isla ya construida fue legalizada a posteriori por esta ley, los posteriores planes urbanísticos y las licencias municipales que se adjudicaron mientras el caso se resolvía finalmente en el Supremo.

Pero al Ejecutivo de Monago no parece haberle afectado mucho el reproche de los jueces. Además de que este resort de lujo esté operativo, su equipo legal preparó un escrito para pedir un “incidente de imposibilidad de ejecución” de la sentencia que obligaba a la demolición. Según sus argumentos, costaría “34 millones de euros” y, además, el complejo de 185 villas, campo de golf, hotel y puerto con atraques no lesionaba los valores naturales de la isla. Aunque estas fotos aéreas comparativas de cómo era el terreno en 2002 y 2013 son elocuentes. Ecologistas contrapone que el impacto de las construcciones en las aves ha sido “dramático” y que el coste de demolición no llegaría a esa “cifra astronómica”.

El apoyo a Valdecañas como ejemplo de la fórmula de gestión medioambiental del Partido Popular parece completo, ya que el programa del curso de la UE anuncia en la inauguración, además de al presidente extremeño, y al secretario de Estado de Medio Ambiente Federico Ramos.

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