Sin mercadillo y sin calle, situación extrema de las familias en las chabolas

El cierre de los mercadillos y el cese de actividades como la recogida de chatarra ha puesto en situación límite a familias que viven en asentamientos y barrios de chabolas; han tenido que sustituir la calle por las cuatro paredes de viviendas frágiles en las que no entran recursos ni para comprar comida.

En España hay 440 municipios que tienen barrios en situación de vulnerabilidad alta o muy alta, población especialmente empobrecida que intenta sobrevivir en el estado de alarma en un millar de barriadas. La mayoría son población gitana, pero también hay grupos familiares de migrantes y otras personas en situación de exclusión.

JAMÁS TANTAS FAMILIAS GITANAS HABÍAN ESTADO TAN DESAMPARADAS

“Hay cerca de 50.000 personas gitanas en esta situación”, alerta a Efe el director de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez. “Son familias en las que viven muchos niños y que ya vienen arrastrando tasas de pobreza infantil muy altas; el 46 por ciento de esos hogares se encuentran en situación de pobreza extrema”.

Para esas familias gitanas que no se habían recuperado de la crisis y que mantienen altas tasas de desempleo y de vulnerabilidad, la situación generada por el coronavirus empeora de manera seria y muy grave su día a día. “Estamos ante una situación desconocida, jamás tantas familias gitanas se han enfrentado así a una situación de desamparo y desprotección”, advierte Rodríguez.

“Las familias gitanas son muy resistentes, siempre han sabido ganarse la vida, pero el problema es que hay que salir a la calle a buscar esos recursos; en la anterior crisis nunca solicitamos medidas de alimentación porque entendíamos que no eran necesarias, pero en estos momentos hay verdaderos problemas para conseguir recursos básicos como los alimentos”, añade.

Casi la mitad de los trabajadores gitanos lo son por cuenta propia y se dedican a la venta ambulante. El cese de esa venta ha tenido un “impacto preocupante”. La fundación valora la medida aprobada por el Gobierno para garantizar una prestación extraordinaria de unos 300 euros en casos de cese de actividad, pero recuerda que no puede percibirse si se tienen deudas con la Seguridad Social.

“Estamos solicitando una moratoria para que esas deudas no impidan percibir esa prestación porque muchas familias se quedan sin ingresos en sus casas”, ha dicho.

URGE APLICAR LAS MEDIDAS SIN BUROCRACIA

Destaca la importancia del fondo o escudo social aprobado por el Gobierno, que pone a disposición de las comunidades autónomas 600 millones de euros para reforzar los servicios sociales y también de la instrucción que mandata a los ayuntamientos para que garanticen las necesidades sanitarias, alimentarias y de otro tipo en estos asentamientos.

“Se han aprobado las medidas, pero hay que aplicarlas de manera urgente. No nos podemos perder en burocracias porque el dinero tiene que llegar a las familias, tanto los ingresos mínimos que no tenían muchas familias como las ayudas directas a la alimentación”, indica.

En los barrios más segregados es necesario que se lleven allí los recursos y facilitar el trámite de esas ayudas.

Cruz Roja es una de las ONG que se encarga del reparto diario de comida y productos de primera necesidad por indicación de los ayuntamientos.

LOS BRAZOS QUE ENTREGAN COMIDA Y MANTAS EN LOS ASENTAMIENTOS

Ana Gómez, de Cruz Roja en Valencia, describe a Efe un ejemplo de esta intervención, que lleva cada día hasta los asentamientos recursos básicos. Desde el día 18 de marzo están realizando un dispositivo especial para entregar ayudas de primera necesidad a personas que se encuentran en asentamientos de la ciudad.

Cada mañana se acercan a los barrios con kits de alimentación individuales que entregan a más de 300 personas, pero también distribuyen mantas o sacos de dormir, así como material de higiene familiar y personal cada quince días.

“Son los ayuntamientos los que lideran las medidas y nosotros somos los brazos, la entidad que da la cara, entrega y media con estas personas en situación de extrema vulnerabilidad, con las medidas de protección necesarias” y acompañados en esta labor de la Policía Municipal.

Los voluntarios y trabajadores de Cruz Roja sitúan un punto de recogida en la calle y ordenan la entrega para que no haya aglomeraciones.

“Son personas agrupadas en familias, españolas y extranjeras, la mayoría con menores, de una media de tres o cuatro miembros, y que antes de la emergencia vivían de ingresos irregulares, mendicidad, venta de chatarra o empleos precarios; labores que ahora no pueden ejercer, lo que les convierte en el colectivo que peor se encuentra en estos momentos”.

Gómez reconoce que este desplazamiento supone un despliegue importante porque debe hacerse todos los días y en varios puntos, pero Cruz Roja ha concentrado la urgencia en la atención de los más vulnerables por la situación de alarma. “Somos el complemento de las administraciones, llegamos a donde no llegan ellas, pero siempre en contacto, en equipo”.

SOS EN HUELVA, ALMERÍA Y TENERIFE

Cáritas ha lanzado una llamada de socorro por la emergencia humanitaria que sufren unas 12.000 personas que viven en asentamientos e infraviviendas de Huelva, Almería y Tenerife. Desde hace años están dando respuesta a las necesidades de estas personas y familias, pero ahora les resulta imposible tras la declaración de la situación de alarma, al igual que a estas personas cumplir con el confinamiento.

“¿Cómo van a hacerlo si donde habitan no pueden tener acceso al mínimo vital necesario para vivir con dignidad, con acceso mínimo al agua, la alimentación o a la salud y malviven en barrancos, cuevas, playas, asentamientos rurales y urbanos o casas abandonadas?”, explican desde Cáritas.

Las oficinas de Cáritas denuncian que en Tenerife hay un millar de personas repartidas en varios municipios que viven en quebradas, barrancos, casas abandonadas o cuevas; en Huelva, 2.500 personas permanecen en varios asentamientos urbanos y rurales repartidos por distintas localidades de la provincia, y en Almería alrededor de 8.000 viven en cortijos abandonados, asentamientos construidos con chabolas de plástico y madera, antiguas balsas y construcciones abandonadas.

Para la ONG católica es urgente asegurar las medidas de confinamiento en los asentamientos rurales y el suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública, por lo que reclama la convocatoria inmediata de mesas de emergencia, con la presencia de los tres niveles de Administración pública (local, autonómica y estatal) y las entidades sociales para coordinar la aplicación, seguimiento y evaluación de las medidas que se establezcan ante la situación de estas familias.

Ana Rodrigo