Unos seis millones de diabéticos tienen limitado el acceso al empleo público

Cerca de seis millones de diabéticos tienen limitado el acceso a determinados empleos públicos, como la Policía, la Guardia Civil o el cuerpo de Bomberos, en virtud de unos cuadros médicos de exclusión redactados en los años 80 y que ahora la Federación Española de Diabetes (FEDE) y CSIF piden revisar.

En una rueda de prensa, la gerente de FEDE, Mercedes Maderuelo, ha explicado que estos cuadros médicos de exclusión limitan el acceso a la función pública a los diabéticos (y a otros colectivos como celíacos, personas con psoriasis y con VIH) por el mero hecho de serlo y no por su estado de salud.

Se trata de unos requisitos redactados entre 1988 y 2009, por lo que los más antiguos tienen 30 años, periodo de tiempo en el que los avances en el tratamiento de la diabetes han permitido un mejor control de la enfermedad.

Por ello, desde FEDE reclaman que el criterio de exclusión no dependa del diagnóstico de la enfermedad, sino del estado de salud de la persona con diabetes; que sea valorada por un médico que emita después un informe en el que diga si es o no apto para desempeñar tales funciones.

Maderuelo ha destacado, asimismo, la paradoja que supone el hecho de que cuando un funcionario público de alguno de estos cuerpos es diagnosticado de diabetes cuando ya está trabajando, esta circunstancia no le expulsa de la función pública.

Es el caso de Antonio Rey, bombero de Cataluña, que fue diagnosticado después de obtener su plaza y que, tras comunicárselo a la empresa siguió dentro del Cuerpo, pero fue apartado de sus funciones habituales y quedó asignado a otras de tipo administrativo.

Así, con el objetivo de acabar con las limitaciones legales que sufre este colectivo, FEDE y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han anunciado hoy que promoverán acciones conjuntas, entre las que destacan reuniones con los grupos parlamentarios.

Además, el presidente de FEDE, Andoni Lorenzo, comparecerá en los próximos días en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso y la Función Pública recibirá a FEDE antes de que termine este mes de octubre.