El ministerio de Salud de Paraguay ultima la lista de vacunaciones irregulares

Asunción, 6 may (EFE).- El ministro de Salud de Paraguay, Julio Borba, anunció este jueves que la cartera ultima la lista de personas que fueron inmunizadas sin corresponderles la aplicación de la vacuna, una irregularidad que ha causado un rechazo ciudadano y la renuncia de una senadora oficialista.

No obstante, Borba dijo a los medios que la lista estará por debajo del medio centenar de personas que se barajó en un principio.

“Hay menos de 500 nombres, esta tarde vamos a anunciar. Se está depurando, como dije, si lo vamos a hacer, se va a hacer responsablemente”, dijo Borba durante la inauguración de un centro de salud en el departamento Central.

Borba señaló que se investigará todas las vacunaciones que no puedan estar justificadas dentro de los requisitos actuales del Ministerio de Salud, que se encuentra en fase de inmunización de las personas mayores de 75 años, tras comenzar en febrero con la vacunación de los trabajadores sanitarios.

La lista de vacunados irregulares, entre los que hay políticos, se entregará el Ministerio Público para que determine si existió delito o no en su actuación.

El caso más sonado fue el de la senadora Mirta Gusinky, del gobernante Partido Colorado, quien este lunes presentó su renuncia tras la presión y las críticas ciudadanas por haberse vacunado sin estar incluida en la franja de edad.

Al margen de la decisión de la Fiscalía, el Ministerio de Salud completará “categóricamente” la pauta de todos los que ya hayan recibido la primera dosis.

La lista de vacunados del Ministerio de Salud es pública y está disponible en su página web, donde los ciudadanos pueden comprobar quiénes se han vacunado ya y, de esta manera, se denunciaron vacunaciones de personas que no cumplían con los requisitos.

PROYECTO DEL EJECUTIVO

Al hilo ese escenario, el Ejecutivo redactó esta semana un proyecto de ley para presentar al Congreso en el que se penaliza la vacunación irregular, el cual ha sido criticado desde algunos sectores por un supuesto sesgo autoritario y anticonstitucional.

En la propuesta del Gobierno se contempla una sanción de pena privativa de libertad de hasta cinco años o multa para el funcionario que utilice su cargo para beneficiar indebidamente a otro para recibir la vacuna.

Además, se le aplicará una inhabilitación durante diez años para ocupar cualquier cargo en la función pública.

El proyecto de ley también establece penas privativas de libertad, de entre dos y seis años, para los que hurten vacunas o cualquier otro medicamento contra el coronavirus.

Los casos de vacunación irregular se dan cuando el país sudamericano sigue con un aumento sostenido de casos, además de un incremento de las internaciones.

El país, con unos siete millones de habitantes, registra un total de 6.798 muertes y 239.165 contagiados desde el comienzo hace un año de la pandemia, según el reporte de anoche del Ministerio.