Tres monaguillos denuncian a un sacristán de Murcia por “continuados abusos sexuales”
El próximo 17 de mayo, el sacristán de la basílica de la Asunción de Cieza (Murcia) se sentará en el banquillo acusado de “serios y continuados abusos y agresiones sexuales” al menos a tres monaguillos de la parroquia.
Un nuevo caso de pederastia que continúa goteando el suelo de la Iglesia española, y que sigue encontrando el silencio episcopal como respuesta a las víctimas, aunque los hechos se produjeran, según el sumario, en el mismo templo. Este caso se suma a Maristas de Barcelona, Granada y el clan de los Romanones (el padre Román fue absuelto), el colegio del Opus Gaztelueta o el seminario de Astorga.
En esta ocasión, son tres los denunciantes, y el auto de procesamiento es muy claro. “Tocamientos, masturbaciones, eyaculaciones en el cuerpo, rozamientos desnudos, fotografías desnudas, etc, todo ello con el empleo de la fuerza por parte del sacristán” quien, a cambio, les daba “regalos y dinero” o les ofrecía “puestos de relevancia en el altar e invitaciones a su casa de la playa”.
Los abusos se produjeron desde 1999 hasta 2003, cuando las víctimas contaban entre 10 y 13 años, y se llevaban a cabo, apunta el auto, “mediante engaño y posición predominante, pues se 'premiaba' o 'castigaba' según se accediera a los deseos sexuales de FJRP”, el sacristán procesado, y que ha tenido que depositar 9.000 euros de fianza ante una posible responsabilidad civil.
El primer denunciante, Ignacio (nombre ficticio), sufrió tocamientos en los genitales, masturbaciones, eyaculaciones, fotografías desnudo, así como penetración anal. El segundo, según el auto, “vivió tocamientos consistentes en masajes en la espalda hasta bajar a los genitales, sin que existiera contacto entre su miembro viril y/o el ano con el de FJRP”. Con el tercer monaguillo no hubo piedad, y sufrió, con apenas 11 años, “abusos y agresión sexual continuados”, que incluyeron “penetraciones utilizando la fuerza”.
El primero en atreverse a denunciar, Ignacio, intentó hacerlo primero ante la diócesis. “Pero el Obispado me trató fatal, el obispo me engañó y me fue dando largas, de tal forma que, cuando quise denunciar por lo civil, el delito ya había prescrito”. El obispo en cuestión es monseñor Lorca Planes, actual prelado de Cartagena-Murcia. “A él solo le importaba la imagen, no el dolor de las víctimas”.
Sin embargo, el caso pudo reabrirse porque a la denuncia de Ignacio se sumaron otras dos, ya por lo civil, de dos monaguillos, cuyos presuntos abusos no han prescrito, e Ignacio pudo sumarse a las mismas como testigo. Aunque se ha preservado la identidad de las víctimas, Ignacio lamenta que “en un pueblo como el nuestro todos nos conocemos, y la gente cercana a la parroquia, al sacristán y al cura de entonces, se meten conmigo por la calle y me dicen de todo”. Algo parecido ocurre con los otros dos denunciantes.
Así sucede con muchos abusos que son denunciados, en los que el denunciante sufro una triple victimización. La primera, la de su depredador. La segunda, la de la propia Iglesia, pese a que los protocolos de la institución obligan al acompañamiento absoluto, antes, durante y después de la denuncia. La tercera, especialmente en ciudades pequeñas o círculos parroquiales, que tienden a pensar, siempre, en la inocencia de los sacerdotes.
Sin embargo, desde hace algunos años, el velo de silencio en torno a la pederastia en España parece comenzar a romperse. Hasta 2010, apenas se habían desvelado una docena de casos de abusos en la Iglesia de nuestro país, pero en los últimos tiempos, y especialmente después de la intervención del Papa Francisco en el “caso Romanones”, han comenzado a sucederse denuncias, resueltas de modo muy diferente.
Así, hemos conocido los casos de Astorga (con el sacerdote apartado, pero sin resarcimiento a las víctimas), el caso Maristas (que destapó una trama de abusos en un colegio de la congregación en Barcelona), el del exvicario de San Sebastián, Juan Kruz Mendizábal (a la espera de una investigación final), o el caso Gaztelueta, que en los próximos meses llevará a juicio a un profesor de un centro del Opus Dei en el País Vasco, y en el que los padres de la víctima acusan tanto al movimiento ultraconservador como al obispo de Bilbao, Mario Iceta, de no apoyar suficientemente a las víctimas.
Según ha podido saber eldiario.es, al menos otra media docena de casos se han resuelto tras una investigación diocesana, mientras otros tantos podrían seguir el camino de los tribunales en los próximos meses.
