Moncloa-Sol: De la “cooperación” al estado de alarma en menos de tres semanas

Madrid, 9 oct (EFE).- Diecinueve días. Ni tres semanas han tardado Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso en transitar el camino desde la cooperación al estado de alarma, días de críticas y desencuentros cada vez menos disimulados y a mayor volumen, hasta los sonoros 'chantaje' o 'la paciencia tiene un límite' intercambiados hoy.

Entre medias, jornadas de desacuerdos (incluso en el seno del Gobierno madrileño, entre PP y Cs) sobre las medidas a aplicar para reducir la transmisión del virus, dimisiones, recelos sobre los datos comunicados, recursos ante los tribunales, resoluciones judiciales y muchas dudas, sobre todo entre la ciudadanía.

Pero fueron el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid -que ayer jueves tumbó el confinamiento perimetral ordenado por el Ministerio de Sanidad- y la urgencia por aplicar nuevas medidas ante el puente del Pilar que arranca este viernes lo que terminó de dinamitar en menos de 24 horas todos los puentes de consenso.

El aumento de contagios por coronavirus y de la presión asistencial -desde finales de verano comenzaron a crecer de forma preocupante los ingresos en los hospitales y en las Ucis- llevaron a la Comunidad de Madrid a anunciar “confinamientos selectivos” que entraron en vigor en 37 zonas básicas de salud el lunes 21 de septiembre (aquellas con más de 1.000 casos por cada cien mil habitantes).

Ese mismo día se produjo la primera reunión Sánchez-Ayuso desde que ambos llegaron a La Moncloa y a la Puerta del Sol, un encuentro cargado de simbolismo: fue Sánchez el que acudió a la sede del Gobierno regional, se intercambiaron saludos con la mano en el corazón o con una inclinación de cabeza y se rodearon de 24 banderas de España y de la Comunidad en la rueda de prensa.

El único acuerdo fue crear el grupo de trabajo COVID-19 y un calendario para atajar la expansión de la pandemia, siempre desde la “cooperación”.

“Estamos aquí para apoyar, para ayudar, no estamos para tutelar ni para evaluar y menos para suplantar a una administración”, dijo Sánchez aquel día, subrayando que se trata de una “batalla epidemiológica, no ideológica” y advirtiendo a quienes quisieran confrontar que “se irán con las manos vacías”.

Cuatro días después Ayuso anunciaba la ampliación de sus restricciones de movilidad a otras 8 zonas básicas de salud, que sumadas a las otras 37 afectaban a cerca de cinco millones de madrileños, pero el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya advirtió entonces de que no era suficiente.

En su opinión, había que cerrar las localidades grandes con más de 500 casos por cada cien mil habitantes: en total nueve municipios, además de la capital, con casi 5 millones de ciudadanos afectados, y en esta idea insiste en las siguientes jornadas.

Ya entonces Emilio Bouza, el médico que había sido designado por la Comunidad de Madrid como portavoz del Grupo COVID-19, no llegó a cumplir las 48 horas en el puesto: presentó su dimisión tras constatar discrepancias entre ambos gobiernos.

Sin acabar la semana de la reunión Sánchez-Ayuso el clima de cooperación había desaparecido: Illa seguía insistiendo en pedir medidas más duras (y ya avisaba de una posible actuación del Gobierno) y Ayuso continuaba exigiendo los mismos criterios para todo el país.

El último día de septiembre Gobierno central y 12 de las 17 comunidades autónomas acordaron restricciones de movilidad en todos los municipios de más de cien mil habitantes con al menos 500 casos nuevos por 100.000 personas, más de un 10 % de positivos en pruebas PCR y una tasa de pacientes en UCI superior al 35 % de su capacidad total de camas.

Madrid replicó, sin embargo, que el acuerdo no era “jurídicamente válido” al no haber consenso y, aunque se vio obligada a adoptar las medidas desde la noche del viernes 2 de octubre decidió recurrir ante los tribunales -también lo hizo Vox-.

En medio de esta situación decidió dimitir el consejero de Políticas Sociales, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero (Cs), cuya labor fue cuestionada durante la pandemia como responsable máximo de la gestión de las residencias de mayores.

Las últimas 24 horas supusieron el fin de todo consenso. El TSJM tumbó las restricciones de movilidad medidas ordenadas por el Ministerio, tras lo cual Ayuso siguió insistiendo en la necesidad de volver a las medidas de limitación a zonas de salud y pidió a Sánchez retomar el diálogo pactando una nueva orden con restricciones “sensatas, justas y ponderadas”.

Illa respondió argumentando que el gobierno adoptaría “las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud” de los ciudadanos.

Por la noche Sánchez y Ayuso constataron en una conversación telefónica el fin de la concordia: el presidente planteó a Ayuso tres opciones para que decidiera antes del mediodía: que la Comunidad dictase una orden con medidas especiales, que solicitase la declaración del estado de alarma o que lo declarase directamente el Ejecutivo central.

El Gobierno de Madrid ha optado por proponer la vuelta a las restricciones de zonas de salud -con criterios algo endurecidos-, pero, según Moncloa, Ayuso no ha llamado a Sánchez antes del Consejo de Ministros extraordinario convocado para decretar el estado de alarma, que finalmente se ha declarado.

Un “chantaje”, “difícil de entender”, que se ha tomado sin demostrar “ninguna capacidad de diálogo”, según el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que ha sido replicado inmediatamente por Salvador Illa: después de ver a Madrid “no hacer nada” contra el coronavirus, “la paciencia tiene un límite”.

Arantxa Bernarte