Las organizaciones de infancia reclaman la ley para erradicar la violencia contra los menores prometida por el Gobierno
La Alianza para Erradicar la Violencia contra la Infancia ha enviado una carta a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, en la que reclama una Ley Orgánica para proteger a niños y niñas ante todos los tipos de violencia, antes de que finalice la presente legislatura, tal y como se comprometió el Gobierno a hacer el pasado septiembre. Según especificó la senadora del PP María Isabel Sánchez la semana pasada, el Ejecutivo tendrá listo un borrador entre los meses de mayo y junio de este año.
Las organizaciones que integran la alianza –Aldeas Infantiles SOS, Educo, Plan International, Save The Children, UNICEF Comité Español y World Vision, con el apoyo de la Plataforma de la Infancia– han remitido la misiva junto a un documento con un análisis de la situación y recomendaciones a la hora de elaborar dicha Ley. En él se incluyen cifras “alarmantes”, según los colectivos: en 2016 se registraron 37.495 denuncias por delitos violentos contra niños y niñas en España y entre 2012 y 2016 murieron más de 100 niños y niñas por causas violentas.
En el mundo, 250 millones de menores (6 de cada 10) sufren algún tipo de castigo físico; cada año tres millones de niñas y adolescentes sufren mutilación genital; y casi 130 millones de estudiantes de entre 13 y 15 años (más de 1 de cada 3) sufren acoso escolar.
En este sentido, la alianza pone de relieve que la violencia afecta “de manera muy especial” a las niñas, que fueron víctimas en un 67,66% de los casos de violencia familiar en 2016 (3.737 casos de violencia familiar hacia niñas, frente a 1.786 casos de violencia hacia los niños).>
Asimismo, el 48% de los niños y niñas en España perciben la escuela como un espacio inseguro, donde están expuestos a sufrir malos tratos, abusos físicos o emocionales; un 9,3% del alumnado asegura que ha sufrido acoso en los últimos dos meses y un 6,9% se considera víctima de ciberacoso, según las cifras que maneja la alianza.
Las propuestas para la ley
Ante este escenario, las organizaciones han remitido al Gobierno una serie de recomendaciones concretas para incorporar a la ley, entre ellas, destaca la elaboración e implementación de campañas públicas de sensibilización, o la formación en prevención y detección de la violencia a los profesionales que trabajan habitualmente con menores. Además, proponen el diseño de programas específicos para abordar en los centros escolares la prevención, detección y actuación ante cualquier caso de violencia o coordinar los servicios sociales de las distintas administraciones para atender adecuadamente a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.
Por otro lado, aboga por modificar la prescripción de delitos sexuales contra la infancia, “contando a partir de que la víctima cumpla 30 años y no a partir de los 18 como hasta ahora”, y por adaptar el sistema de justicia a las necesidades niños y niñas para evitar que “el proceso judicial los vuelva a victimizar”.
También piden medidas concretas para proteger a las niñas, “el colectivo que más sufre la violencia”, frente a agresiones como la explotación sexual, el matrimonio infantil o la mutilación genital; protección especial a otros grupos especialmente vulnerables como los menores con discapacidad, privados de cuidado parental o en riesgo de perderlo, menores extranjeros no acompañados, colectivo LGTBI o los niños de familias en situación de riesgo y/o tutelados por la administración.
Por último, reclama el diseño y puesta en marcha de un sistema para obtener datos desagregados por sexo y edad que “proporcionen una base firme para elaborar políticas basadas en evidencias”.
“Todas estas medidas deberían formar parte de la futura Ley y que dicha norma debe ser dotada de los recursos necesarios para coordinar a los actores implicados en la vida de los niños y las niñas, de manera que toda la sociedad pueda trabajar unida para erradicar cualquier forma de violencia contra la infancia”, ha defendido la alianza.
