Los organizadores mantienen el acto pro referéndum del domingo en Madrid

Los colectivos que habían organizado un acto el próximo domingo en Madrid a favor del derecho a decidir en Cataluña mantendrán su convocatoria después de que un juez suspendiese ayer cautelarmente la cesión de un espacio municipal por parte del Ayuntamiento de Madrid.

Este evento, bajo el nombre “Madrid por la libertad de expresión y la democracia y el derecho a decidir”, no se celebrará en ningún espacio municipal, aunque por el momento no se ha anunciado qué local acogerá el acto, detalle que harán público próximamente junto a los ponentes.

En una rueda de prensa celebrada en la librería Traficantes de Sueño, han defendido la legitimidad, la legalidad y la necesidad de un acto que no defiende la independencia, han subrayado, sino el derecho a decidir, tanto sobre Cataluña como de los “cambios” en el “sistema de 1978”, producto de una “transición tutelada”.

Los organizadores se han desvinculado de la Asamblea Nacional Catalana y han defendido ser personas que proceden de varios colectivos. El número 41 de la lista de Ahora Madrid, Pedro Casas, quien solicitó el espacio, ha desligado también el acto de esta candidatura.

Han criticado también el “exceso” y la “aberración jurídica” del auto del juez José Yusty, al que consideran “afín ideológicamente” al PP y a quien “sospechan” que el caso no le ha caído por sorteo.

El auto del juez, han explicado, se limita a la cesión municipal pero no al evento en sí, aunque en su redacción, donde se pronuncia sobre la legalidad del acto, deja la puerta abierta “de una manera escandalosa” a nuevas peticiones de veto.

“Este acto no es una realización del referéndum por lo tanto no tiene nada que ver en absoluto con la suspensión del Tribunal Constitucional sobre el decreto que desarrolla el referéndum”, ha afirmado Pedro Casas.

“Nosotros no vamos a poner urnas, en Madrid no se van a poner urnas”, ha reiterado.

Casas ha considerado que el PP y también la Falange, con pintadas violentas y el anuncio de una concentración, han presionado a la alcaldesa Manuela Carmena y a la concejal presidenta de Arganzuela, Rommy Arce.

Por su parte, el politólogo Jaime Pastor ha considerado “aberrante” el pensamiento de que “lo que no es legal no es democrático”.

“La historia por la lucha de la democracia era por derechos no reconocidos en la Constitución, así se ha avanzado y se ha progresado en la historia”, ha asegurado.

No distinguir el derecho a la autodeterminación de la independencia es, a juicio del catedrático emérito de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid, Javier Sádaba, un signo de “que estamos mal”.

“La autodeterminación no es pegar un portazo, tiene que negociarse”, ha añadido sobre una consulta que, aseguran, defiende el 80 % de los catalanes y para la que sugieren ejemplos como los de Quebec, en Canadá, y la de Escocia, en Reino Unido.

“Nos prohíben y la respuesta es una mayor demanda de libertad de expresión y más democracia”, ha indicado Martínez, que ante posibles nuevas prohibiciones avisa de que “si la respuesta es represión y censura se van a encontrar a mayores capas sociales”.

“Vamos a delinquir sí, con ese nuevo delito de hacer apología de la libertad de expresión, apología de la democracia”, ha dicho Martínez, que ha defendido que “no hay mejor modo de defender los derechos fundamentales que ejercerlos”.

Los organizadores han elaborado un manifiesto por el derecho a decidir, donde se apoya el referéndum en Cataluña -“no hay un ejercicio más democrático que llamar al pueblo para que libre y pacíficamente se exprese sobre su futuro”, reza- y que ya han firmado concejales como Carlos Sánchez Mato, Montserrat Galcerán o Pablo Carmona.

El filósofo Santiago Alba Rico, el escritor Isaac Rosa, Yayo Herrero, los diputados autonómicos de Podemos Jacinto Morano y Raúl Camargo, Isabel Serra también están entre los 80 primeros firmantes.

Ayer el juzgado de lo Contencioso número 3 de Madrid suspendió cautelarmente la cesión de la Nave de Ternas que iba a acoger el evento, en un auto que afirma que implica “favorecer un acto de apoyo a una consulta convocada por una ley que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional”.