Oxfam y ombudsman de Guatemala ven omisión en reparto de bono por COVID-19

Guatemala, 16 jul (EFE).- La confederación de organizaciones no gubernamentales Oxfam y la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala señalaron este jueves posibles descuidos en el criterio de selección del programa social “Bono Familia”, creado durante la pandemia para beneficiar a 2,5 millones de personas.

Ambas entidades advirtieron que hubo “hogares no considerados en condiciones de pobreza que fueron beneficiados” con el bono, que fue creado por el Gobierno frente a la COVID-19 para otorgar 1.000 quetzales (130 dólares) mensuales durante tres meses a personas necesitadas.

En el foro, en el que participó el ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, encargado de la gestión y ejecución del “Bono Familia”, el ombudsman de Guatemala, Jordán Rodas, recomendó al ministro “identificar a personas que viven en zonas residenciales o exclusivas y que salieron beneficiadas (con el programa), con el fin de dar cumplimiento al bono, cuyo fin es beneficiar a población verdaderamente necesitada”.

Rodas subrayó que la población que no goza del servicio de energía eléctrica debería ser incluida en el programa, que solo contempla a un 10 por ciento del universo del total de usuarios identificados como posibles beneficiarios que no cuenten con energía en casa.

La priorización de usuarios fue definida por hogares con bajo consumo de energía eléctrica (menos de 200 kilovatios por hora) en un 90 por ciento de los casos.

El decreto de selección establecía como población objetivo a las personas en pobreza, madres solteras u hogares monoparentales, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónico degenerativas y familias con niños y niñas en estado de desnutrición.

El 10 de junio, sin embargo, también se incluyó entre los usuarios objetivo a hogares con más de dos o tres núcleos familiares con el mismo contador de luz.

INVESTIGACIÓN SOBRE EL BONO

Según una investigación de la organización humanitaria Paraíso Desigual, apoyada por la británica Oxfam, el 85 por ciento de los beneficiarios del programa se encontraron en el área rural, el 11 por ciento en centros urbanos y el resto en zonas peri-urbanas, en una muestra de 725 comunidades encuestadas en 114 municipios y 18 departamentos del país.

“En más de 15 municipios encuestados no se registraron beneficiarios. No hay coincidencias con indicadores pobreza en el país. Muchos hogares no considerados en condiciones de pobreza fueron beneficiados, pues hayamos 19 municipios donde el número de beneficiarios del programa es más del doble del número de viviendas en condiciones de pobreza”, expuso la investigadora Úrsula Roldán, quien presentó la investigación.

Agregó que “hay una percepción sobre que el Bono Familia no está llegando a las personas que más lo necesitan, sobre todo porque muchas familias no tienen conexión al servicio de energía eléctrica y, además, existen muchos abusos por parte de propietarios de viviendas”.

El programa empezó a inscribir a los millones de beneficiarios durante la segunda quincena de mayo con el objetivo de realizar el primer pago a finales de ese mes o a inicios de junio pasado. Sin embargo, la Procuraduría de los Derechos Humanos halló una baja ejecución presupuestaria al 30 de junio, con apenas el 28,1 por ciento de los 6.000 millones de quetzales (780,2 millones de dólares) contemplados.

Oxfam concluyó que el programa debe “aumentar el nivel de ejecución, cobertura y tiempo de gestión” y, sobre todo, “asegurar la inclusión de las familias más necesitadas y sensibilizar sobre el buen uso del bono e instalar puntos de denuncia en las localidades (para evitar abusos)”, entre otros puntos.

Guatemala contabiliza 1.404 defunciones a causa de la COVID-19 y 32.939 contagios en total, desde que el pasado 13 de marzo se informara a la población del primer caso positivo de coronavirus.

Tres días después, el Gobierno cerró las fronteras del país y suspendió el transporte público, actividades sociales, escolares y deportivas. Una semana más tarde, el 22 de marzo, instauró un toque de queda vespertino y otras medidas que llegaron posteriormente, como restricción de movilidad entre departamentos o permitir la circulación dependiendo el número de placa de los automóviles.

Las proyecciones de crecimiento oscilan entre el 0,5 al 1,5 por ciento en 2020, según el Banco de Guatemala (central), en un país con un 60 por ciento de personas en condiciones de pobreza y 1 de cada 2 niños con desnutrición de acuerdo a organismos internacionales. EFE