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La primera reforma legislativa del Congreso será para frenar la LOMCE

El pleno debatirá y votará el martes la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE para la "suspensión del calendario de implantación"

Los socialistas pedirán que se tramite por vía de urgencia para acortar los plazos

El PP podrá prolongar su paso por el Senado para que no sea aprobada en caso de adelanto electoral

El sector cultural perdió 2.000 empresas y 24.000 empleos en 2012

José Ignacio Wert, exministro de Educación e impulsor de la LOMCE. Foto de archivo. EFE

El Congreso comienza a legislar en un escenario inédito: con el Gobierno en funciones. En el orden del día del pleno del próximo martes estará una proposición de ley del PSOE para "suspender el calendario de implantación" de la LOMCE. La iniciativa es una de las primeras que presentaron los socialistas tras las elecciones.

Fuentes del PSOE aseguran que la propuesta de ley "acaparará consenso" y que, de aprobarse, tendrá un "efecto inmediato". Podemos y Ciudadanos, a priori, confirman que votarán a favor de la iniciativa para paralizar la ley aprobada por la mayoría absoluta del PP en 2013.

Ese mismo año, la oposición ya selló el compromiso expreso de frenar la LOMCE en cuanto cambiara la composición de la Cámara por considerar que la ley instaura un modelo de educación "ideologizado", "regresivo" y "discriminatorio" que no resuelve el problema educativo. Los socialistas, al igual que los demás grupos, recordarán que la LOMCE fue aprobada sin consenso con el sector educativo ni apoyos en el hemiciclo.

La ley se enfrentó entonces a once enmiendas a la totalidad de los diferentes grupos parlamentarios que pidieron la dimisión del impulsor de la norma, el entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert. El debate de su aprobación final, celebrado en noviembre de 2013, fue bronco. Hubo, además, multitud de movilizaciones contra su entrada en vigor y una llamada a la insumisión por parte de varias comunidades autónomas, como el País Vasco y Cataluña, que se negaron a aplicarla y la recurrieron ante el Tribunal Constitucional.

Ahora la situación no ha variado mucho con la llegada de los nuevos partidos, ya que tanto Ciudadanos como Podemos comparten el rechazo a la ley Wert. El partido de Rivera incluyó su paralización en el acuerdo de gobierno pactado con el PSOE para buscar un pacto de Estado. Podemos, además de llevar su derogación en el programa electoral, al igual que IU, tiene registrada su propia proposición de ley, muy similar a la de los socialistas.

No obstante, el partido de Rivera ha sorprendido con un cambio de postura anunciando la víspera del debate su abstención a la propuesta del PSOE. Según explican, aunque la paralización de la ley figura en el acuerdo de Gobierno rubricado por ambos partidos, la proposición de ley socialista, registrada en el Congreso antes de su firma, no contempla una de las condiciones que pusieron: la creación de una Comisión para propiciar un Pacto por la Educación en el que se vieran implicados todos los sectores afectados. "El marco de la cuestión ha sido superado, ha quedado viejo. Estamos en otro momento", manifestó el portavoz parlamentario de la formación de Rivera, Juan Carlos Girauta, para justificar su nueva posición.

Una tramitación lenta

El PSOE, no obstante, sacará adelante la votación, en la que no estará previsiblemente el sucesor de Wert, Íñigo Méndez de Vigo, e intentará mandar la proposición al Senado lo antes posible. Para ello pedirán que se tramite por vía de urgencia con el objetivo de reducir los plazos de enmiendas a menos de 15 días. Después tendrá que pasar por la Cámara Alta, donde el proceso puede prolongarse hasta dos meses teniendo en cuenta que los populares tienen mayoría absoluta. 

"El PP –dicen fuentes del PSOE– intentará alargar los plazos lo más posible, así que es muy difícil que vuelva al Congreso con el suficiente tiempo para votarse antes del 2 de mayo", el plazo límite para formar Gobierno antes de la disolución de las Cortes. Si se logra un acuerdo antes de esa fecha, la paralización de la LOMCE será la primera ley de la legislatura. Si no, la iniciativa decaerá con la celebración de nuevas elecciones.

A mediados de marzo el Senado tumbó, gracias a la mayoría absoluta del PP, otra iniciativa del PSOE en este sentido, que fue apoyada por el resto de la oposición.

Moncloa ya ha dejado pasar el plazo de un mes que le otorga la ley para calificar las proposiciones de ley. En una situación normal, el Gobierno tiene 30 días para impedir su tramitación expresando su criterio en contra. Al estar en funciones, sin embargo, su capacidad está limitada y la decisión tiene que pasar el filtro de la Mesa del Congreso, que ya admitió la incorporación de la proposición al orden del día del pleno.

Qué implica la paralización

Si se aprueba la reforma legal, quedarán paralizadas la evaluación externa de sexto del mes de mayo y la de segundo de bachillerato, cuya entrada en vigor está prevista para el curso próximo. En septiembre, si la ley no se frena, empezaría la aplicación de la tercera y última fase de la LOMCE para los cursos pares de secundaria y el último de bachillerato, incluido el examen de final de ciclo que sustituirá a la Selectividad. Independientemente de lo que ocurra, las dos fases anteriores ya en vigor, las que afectan a todos los cursos de primaria y a los impares de secundaria y bachillerato, se mantendrían porque de lo contrario se produciría un vacío legal.

Las comunidades autónomas del PSOE llevaron las pruebas de sexto a los tribunales para intentar frenarlas y aún estan a la espera de resolver la situación. Además, las 12 regiones gobernadas por formaciones alternativas al PP (Aragón, Cantabria, Canarias, Andalucía, Extremadura, Islas Baleares, Valencia, Cataluña, País Vasco, Asturias, Navarra y Castilla la Mancha) introdujeron a principio de curso pequeñas modificaciones dentro de lo que les permiten sus competencias para "mitigar" el impacto en sus aulas.

A modo de ejemplo, Cataluña ha ampliado Música y Plástica, Euskadi ha cambiado junto a otras cuatro comunidades horas de Religión por Ciencias, y Aragón es una de las cuatro que recupera Educación para la Ciudadanía.

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